Las ratas han vuelto a colarse en la agenda de varios ayuntamientos. En las últimas semanas, vecinos de distintas ciudades españolas han denunciado la presencia de roedores en calles, plazas e incluso viviendas, una imagen que muchos creían superada y que ahora reaparece con fuerza en municipios como Mazarrón, Alicante, Málaga, Gijón o Zaragoza.
El sector de la sanidad ambiental avisa de que no se trata de episodios aislados. La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) habla de un repunte sostenido y reclama a las administraciones que abandonen las respuestas improvisadas. A su juicio, actuar solo cuando el problema estalla no hace más que aplazarlo.
“Si no se trabaja de forma preventiva y continuada, el problema se cronifica y después es mucho más difícil de controlar”, advierten desde la organización.
El control de roedores, explican, se enfrenta ahora a un doble obstáculo. Por un lado, algunas poblaciones han desarrollado resistencias a los rodenticidas tradicionales. Por otro, la normativa europea limita cada vez más el uso de estos productos, reduciendo concentraciones y contextos de aplicación. El resultado es menos margen de maniobra para soluciones rápidas.
Ante este escenario, los profesionales defienden una estrategia integral: más limpieza y mantenimiento urbano, revisión de alcantarillado e infraestructuras, campañas de concienciación ciudadana y actuaciones técnicas planificadas, no intervenciones esporádicas tras una queja vecinal.
También insisten en que los servicios de control de plagas deben recaer en empresas especializadas y registradas oficialmente, y no adjudicarse únicamente por criterios de coste. “La salud pública no puede decidirse a la baja”, resumen desde el sector, que reclama contratos estables y criterios técnicos para evitar que las ratas sigan encontrando huecos en las ciudades.
Porque, advierten, cuando los roedores se asientan, expulsarlos resulta mucho más caro —y complicado— que haber prevenido su llegada.