Las autoridades no han proporcionado detalles específicos sobre las evidencias recopiladas durante el registro ni han realizado declaraciones adicionales de la investigación
Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Las Palmas y Madrid registraron la sede de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para buscar información sobre el caso Mascarillas, según indicaron a Europa Press.
El registro se llevó a cabo alrededor de las 08.25 horas del jueves, 9 de mayo. La medida se ejecutó debido a la implicación del exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, entre los investigados. Domínguez compareció ante la Fiscalía Europea el pasado lunes, 6 de mayo, pero optó por no hacer declaraciones.
Domínguez acudió en calidad de investigado en una causa en la que se investigan los cuatro millones de euros pagados durante la pandemia a una empresa por un millón de mascarillas que no llegaron a ser recibidas. El exdirector del SCS está investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
Presentó su dimisión en noviembre de 2022, tras dos años en el cargo durante el Gobierno autonómico del socialista Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
En concreto, el Ministerio Público europeo pone la lupa en el pago de cuatro millones de euros por adelantado a la empresa RR7 United por mascarillas que nunca fueron entregadas. De hecho, fueron destruidas por agentes de Aduanas en el Puerto de La Luz tras llegar un cargamento procedente de Etiopía y constatarse que estaban falsificadas.
Finalmente, tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, el órgano comunitario investiga a Domínguez y también, entre otros, a Rayco González administrador de la empresa RR7 por estafa agravada y blanqueo de capitales, y a la exdirectora general de Recursos Humanos del SCS, Ana María Pérez, por prevaricación.