La Policía investiga un posible caso de abusos sexuales a una niña en un colegio de Granada

La Junta de Andalucía refuerza el apoyo psicológico a la víctima y su familia

La Policía Nacional está investigando un presunto caso de abusos sexuales a una niña, supuestamente cometidos por varios alumnos de su propio colegio en Granada. Según fuentes policiales, el caso también involucra a la Fiscalía de Menores y a la Junta de Andalucía, que han tomado medidas inmediatas para gestionar la situación.

En caso de confirmarse los hechos, esto presentaría un reto judicial complejo: los presuntos agresores son menores de 14 años, lo que los hace inimputables según la legislación española. La Fiscalía, que ha optado por no compartir detalles específicos para proteger a la víctima y a los menores implicados, ha señalado que los niños han sido trasladados a centros educativos distintos tras la apertura de un expediente disciplinario.

El diario Ideal informa que los presuntos abusos fueron descubiertos luego de que la madre de la víctima, una niña de corta edad, denunciara los hechos. La denuncia se realizó tras comprobar lesiones compatibles con abusos, avaladas por profesionales sanitarios que también activaron el protocolo judicial.

Aumento de estos delitos

El caso resalta una problemática mayor que ya había sido señalada por la Fiscalía Superior de Andalucía en su última memoria, presentada en septiembre. Como recoge el documento, los delitos contra la libertad sexual cometidos por menores han mostrado un incremento significativo, algo que, según la fiscal superior Ana Tárrago, está relacionado con el consumo desmedido de redes sociales y contenidos pornográficos por parte de los más jóvenes.

En el texto, la Fiscalía aboga por una prevención integral en el colegio que incluya la formación de padres y niños sobre los riesgos asociados al acceso temprano a tecnologías y contenidos inapropiados. Además, propone una regulación más estricta para limitar el acceso de menores a páginas de pornografía, llegando incluso a sancionar penalmente a las empresas que no tomen medidas al respecto.

Este caso, más allá de los hechos concretos, pone de manifiesto la necesidad de abordar con urgencia el impacto de las nuevas tecnologías en los menores y la creciente incidencia de delitos sexuales en este colectivo.