La Fiscalía acordó el pasado 23 de enero abrir diligencias de investigación contra Alberto González Amador, lo que derivó en la presentación de la denuncia en el tribunal de instrucción madrileño
La Fiscalía de Madrid atribuye a Alberto González Amador, actual pareja de la presidenta de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, un delito de falsedad en un documento mercantil en relación a un supuesto fraude fiscal. Además, se le acusa de la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria. Son estos los motivos por los que comparecerá este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla.
La jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha citado a Amador y al resto de investigados para este lunes, después de que el pasado 20 de mayo se suspendieran las comparecencias por un problema en la notificación de la citación a uno de los imputados en la causa.
La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
En el auto de apertura de diligencias, la jueza razonaba que supuestamente, y “como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal, por el Impuesto de Sociedades de 2020, una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una de 195.951 euros“.
Esgrimía que dichas conductas están tipificadas con “delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1, en relación con el artículo 390 del Código Penal“.
La pareja de Ayuso declarará mientras el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco José Goyena, tramita la querella que interpuso contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto, por un delito de revelación de secretos en relación a la nota difundida por la Fiscalía de Madrid en la que aclaraba el cruce de correos entre el abogado de Alberto González y el fiscal del caso.
Informe de la Agencia Tributaria
En cuanto a la causa relativa a la pareja de Ayuso, la Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación “unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades“.
“Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021“, recoge la denuncia del fiscal.
El pasado 22 de enero, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce “determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito“.
El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar “un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer”.