Los relatores de Naciones Unidas destacan la importancia de no discriminar entre tipos de víctimas a la hora de reconocer y dar justicia y reparación a las mismas
La ONU ha instado al Gobierno de España a tomar “las medidas necesarias” para proteger la memoria histórica frente a las leyes de concordia promovidas por PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León. Argumenta que estas leyes podrían “invisibilizar” las “graves violaciones de los Derechos Humanos” perpetradas durante el régimen dictatorial de Franco.
Así lo han expresado tres relatores de Naciones Unidas en un informe en el que han dado respuesta a la denuncia presentada por el Gobierno contra las denominadas “leyes de concordia” que han sido tramitadas en tres de los territorios donde PP y Vox gobiernan en coalición. El Ejecutivo central elevó la cuestión a la ONU al considerar que estas normas son “contrarias” a los valores recogidos en la Ley de Memoria Democrática aprobada la pasada legislatura.
“Las llamadas leyes de concordia aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, y Valencia, podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de Derechos Humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos”, se lee en el documento de la ONU.
Presión al Gobierno
Después de analizar los proyectos impulsados por PP y Vox en dichas comunidades autónomas, los tres relatores han instado al Gobierno de Pedro Sánchez a que adopte “todas las medidas necesarias” para garantizar “el estricto respeto de los estándares internacionales de los Derechos Humanos en materia de preservación de la memoria histórica de “las graves violaciones de derechos humanos”.
Según explican, estas leyes “ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica” y pueden “acarrear límites al acceso a la verdad” sobre el destino o paradero de “las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos” y también pueden “invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, u omiten nombrar o condenar dicho régimen”.
También apuntan a la importancia de no discriminar entre tipos de víctimas a la hora de reconocer y dar justicia y reparación a las mismas, si bien señalan que las leyes de concordia podrían llevar a asimilar las violaciones cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil “a un grupo heterogéneo de crímenes o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España”, quitándole así el reconocimiento a “las centenas de miles” de personas muertas en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante el régimen de Francisco Franco.
Es deber de todos los poderes proteger a los ciudadanos
Por este motivo, han recordado que es deber de “todos los poderes del Estado”, incluido el ejecutivo, legislativo y judicial, así como de “todas las entidades de Gobierno” a nivel nacional, regional o local, “cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos, comprendida la obligación de garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos”.
“Reiteramos asimismo que esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. Estas leyes obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación”, esgrime el informe.
Los firmantes del documentos son el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli; la presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé; y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz.
Con este informe, Naciones Unidas responde a la denuncia presentada por el Gobierno contra las leyes de concordia aprobada por PP y Vox en Aragón y que están en trámite en Castilla y León y en la Comunidad Valenciana.