La muerte de Lyhanna, una niña de 11 años, a manos de un violador reincidente, conmociona a Francia y cuestiona la actuación de la justicia

El presidente francés reconoce la existencia de «fallos» en el tratamiento del caso mientras que dirigentes políticos exigen reformas profundas para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse

La desaparición y muerte de Lyhanna Rameau, una niña de 11 años de la localidad francesa de Fleurance, ha conmocionado a Francia y provocado una intensa polémica sobre la actuación de la justicia. La menor desapareció el 29 de mayo al salir del colegio y fue vista por última vez subiendo al coche de Jérôme Barella, padre de una de sus amigas. Su cadáver fue hallado seis días después en un silo de grano abandonado.

Barella, de 41 años, se encuentra en prisión preventiva acusado de secuestro y privación de libertad. Sin embargo, el caso ha generado una enorme indignación porque el sospechoso acumulaba varias denuncias previas por presuntas agresiones y violaciones a menores. Algunas fueron archivadas por falta de pruebas o tras declaraciones de consentimiento de las víctimas, mientras que otras seguían bajo investigación.

Macron reconoce «fallos» en el tratamiento del caso

La tragedia ha puesto en cuestión la capacidad del sistema judicial francés para detectar y actuar ante posibles reincidentes. El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció públicamente la existencia de «fallos» en el tratamiento del caso, mientras que dirigentes políticos de distintos partidos han exigido explicaciones y reformas profundas para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

La reacción social ha sido masiva. Miles de personas participaron en una marcha en Fleurance para rendir homenaje a Lyhanna y reclamar cambios en la protección de la infancia. Paralelamente, asociaciones feministas y de defensa de los menores organizaron concentraciones en numerosas ciudades francesas para exigir una legislación más contundente contra las agresiones sexuales.

Ante la presión social, el Gobierno francés ha anunciado medidas para reforzar la protección de los menores. El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha impulsado la elaboración de una nueva ley que incluirá cambios en la respuesta judicial a los delitos sexuales y estudiará endurecer las penas para violadores reincidentes, además de acelerar los procedimientos en casos que afecten a niños y adolescentes.

El caso también ha reabierto el debate sobre la saturación de la justicia francesa. Según datos oficiales, existen alrededor de tres millones de denuncias pendientes de examen, de las cuales unas 70.000 corresponden a agresiones o violaciones sexuales. Mientras el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, apunta a problemas de gestión y priorización, asociaciones de magistrados rechazan ser responsabilizadas antes de que concluya la investigación interna abierta para esclarecer lo ocurrido.