La mayoría de los españoles opina que España no tiene mecanismos suficientes para hacer frente a la corrupción

Casi el 77% de los encuestados duda de la imparcialidad de los tribunales en casos que involucran a políticos

La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre calidad democrática expone un clima de pesimismo social. Un contundente 87,5% de los ciudadanos considera que España carece de mecanismos suficientes para combatir la corrupción, una percepción que se ve agravada por la creciente desconfianza hacia los partidos políticos, a los que una gran mayoría percibe más interesados en sus propios beneficios que en las necesidades reales de la población.

El sistema judicial también sale muy mal parado en el estudio. Casi el 77% de los encuestados duda de la imparcialidad de los tribunales en casos que involucran a políticos, y cerca del 89% sostiene que existe un trato desigual entre la clase política y los ciudadanos comunes.

Asimismo, la percepción de falta de equidad se extiende al ámbito socioeconómico, con un 78,4% de los participantes convencidos de que la Justicia no trata de la misma forma a ricos y pobres.

Los medios de comunicación y las instituciones también sufren un notable desgaste. Un 81,5% de los españoles cree que los medios difunden bulos, mientras que más de la mitad considera que los periodistas gozan hoy de menos libertad e independencia que hace diez años.

El Ejército, el mejor valorado

En cuanto a la valoración institucional, las Fuerzas Armadas son las únicas que logran aprobar, mientras que los partidos políticos cierran la lista con la peor puntuación, reflejando una imagen pública deteriorada.

Pese al descontento generalizado, donde el 56,9% expresa insatisfacción con el funcionamiento actual de la democracia, la mayoría mantiene su fe en el sistema y guarda un recuerdo positivo de la Transición.

Los ciudadanos reclaman con urgencia reformas que aseguren una separación efectiva de poderes, la despolitización de la Justicia y el establecimiento de códigos éticos obligatorios para que los partidos vuelvan a conectar con el interés general.