La contaminación del aire se ha convertido en uno de los mayores desafíos para la salud en las ciudades. Un informe reciente advierte de que este problema ya no es solo ambiental. Hoy se considera una auténtica crisis de salud pública que afecta a millones de personas.
El estudio analiza cómo la mala calidad del aire influye en la vida diaria de la población urbana. Sus conclusiones son claras. Respirar aire contaminado aumenta el riesgo de sufrir enfermedades respiratorias, cardiovasculares y metabólicas. También puede afectar al desarrollo infantil y a la salud mental.
El informe señala que este problema no afecta a todos por igual. En muchas ciudades, los barrios con menor renta están situados cerca de grandes vías de tráfico o zonas con mayor contaminación. En estos lugares, los niveles de contaminantes pueden ser hasta un tercio más altos.
Esto provoca lo que los expertos llaman “triple vulnerabilidad”. Las personas con menos recursos están más expuestas a la contaminación. Además, suelen tener más dificultades para proteger su salud. Por último, sufren consecuencias médicas más graves.
Los datos reflejan la magnitud del problema. Cada año, la contaminación del aire provoca más de 253.000 muertes prematuras en la Unión Europea. También puede reducir la esperanza de vida hasta en dos años. A esto se suma que el 97 % de la población urbana respira aire con niveles de partículas finas superiores a los recomendados.
La contaminación también tiene un impacto económico. En las ciudades europeas supone un coste medio de más de 1.200 euros por persona al año. Este gasto se relaciona con tratamientos médicos, bajas laborales y pérdida de productividad.
El informe también plantea que las políticas urbanas pueden jugar un papel decisivo para mejorar la calidad del aire y la salud de la población. Sin embargo, advierte de que algunas medidas ambientales pueden generar efectos sociales no deseados si no se diseñan con criterios de equidad.
Por ejemplo, determinadas intervenciones urbanísticas destinadas a mejorar barrios pueden provocar el encarecimiento de la vivienda y el desplazamiento de residentes con menos recursos. Por ello, los expertos subrayan la importancia de aplicar políticas climáticas que tengan en cuenta la justicia social.
Entre las propuestas más destacadas del informe está la necesidad de reducir la dependencia del coche privado. En las ciudades europeas, el tráfico motorizado es una de las principales fuentes de contaminación. Aunque los vehículos de transporte de mercancías y pasajeros representan una pequeña parte de la flota, generan más de la mitad de las emisiones de óxidos de nitrógeno.
Los especialistas proponen fortalecer el transporte público, fomentar los desplazamientos a pie o en bicicleta y recuperar espacio urbano para zonas verdes y peatones. Estas medidas no solo reducen emisiones contaminantes, sino que también tienen beneficios directos para la salud, como la promoción de la actividad física.
Algunas iniciativas ya han demostrado su eficacia. Las calles escolares sin tráfico han logrado reducir entre un 23 % y un 33 % los niveles de dióxido de nitrógeno cerca de centros educativos. Además, estudios en ciudades como Barcelona indican que modelos urbanos con menos tráfico podrían evitar cientos de muertes prematuras cada año.
El informe concluye que la solución no pasa únicamente por sustituir vehículos de combustión por coches eléctricos. Aunque reducen algunas emisiones, no resuelven la congestión ni otros problemas urbanos. Por ello, los expertos insisten en que el verdadero cambio pasa por transformar el modelo de movilidad y diseño de las ciudades, priorizando la salud y el bienestar de las personas.