La jueza María Tardón ha citado a los mandos de la Policía y la Guardia Civil que estuvieron al frente en Ceuta durante la entrada masiva e irregular de inmigrantes de finales de julio, así como a tres consejeros del Gobierno de la ciudad autónoma.
Las declaraciones se celebrarán entre el 26 y el 28 de octubre.
La instructora ha ordenado un amplio paquete de diligencias para reconstruir lo antes posible las circunstancias de la avalancha.
Ha pedido a la Delegación del Gobierno las actas, correos y borradores relacionados con la crisis, y ha solicitado grabaciones al Estado Mayor de la Defensa y al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
La primera tanda de testigos llegará el lunes 26 de octubre. Declararán Lorenzo Juan Fages Cortés, que fue inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, y el teniente coronel jefe de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, cuyo nombre no ha trascendido.
También ha pedido información al Centro Nacional de Inmigración de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CENIF).
El lunes 26 de octubre declararán Lorenzo Juan Fages Cortés, exinspector jefe del CNP, y el teniente coronel jefe de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta.
El martes 27 de octubre lo harán Alberto Ramón Gaitán Rodríguez, Nabila Benzina Pavón y Alejandro Ramírez Magaña, consejeros de la Ciudad Autónoma.
Todos comparecen como testigos, no como investigados, y, por tanto, tienen la obligación de decir la verdad.
La segunda resolución es un auto que acuerda diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal y otras adicionales. Tardón está marcando el rumbo de la instrucción.
Las diligencias buscan determinar cuatro aspectos:
La jueza describe unos acontecimientos que «alcanzaron una magnitud extraordinaria y generaron una afectación sobre el funcionamiento normal de la Ciudad Autónoma de Ceuta».
La magistrada desplaza su atención hacia la cadena de mando de ambos cuerpos.
La pregunta ya no es solo qué ocurrió en la frontera, sino también si hubo avisos previos y qué se hizo al respecto.
La instructora pide a la Ciudad Autónoma de Ceuta y a la Delegación del Gobierno toda la documentación de las reuniones celebradas los días 27, 28 y 30 de julio. El requerimiento incluye actas, notas, correos electrónicos, borradores de comunicados y documentos preparatorios.
Las reuniones del 27 y el 28 de julio son anteriores a la entrada masiva. Se trata de saber qué información se manejó sobre lo que se avecinaba y quién tuvo acceso a ella.
Tardón reclama, además, todas las grabaciones de cámaras de videovigilancia, drones de control fronterizo y otros medios audiovisuales, desde el 30 de julio hasta la recepción del requerimiento.
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