La ‘excitación’ por la jubilación anticipada a agosto de la jueza de Nacho Cano y de González Amador, pareja de Ayuso

La magistrada María Inmaculada Iglesias, que presentó solicitud de jubilación el pasado 7 de febrero de 2025 seis meses antes del 10 de agosto, cuando cumple 65 años, oirá este viernes 21 a las dos inspectoras de Hacienda que elaboraron el informe sobre los dos delitos fiscales y la trama de facturas falsas de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid

El pasado miércoles, 19 de marzo, al tiempo que se conoció el auto de la magistrada María Inmaculada Iglesias, titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, en el que cita como imputado a Alberto González Amador por presuntos delitos de corrupción, saltó a los medios, no sin cierta excitación, otra noticia relacionada con ella: se jubila anticipadamente el 10 de agosto de 2025 cuando cumple 65 años.

La petición fue gestionada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado martes 18. Medios de la derecha informaban que, por tanto, el caso de los delitos fiscales y de corrupción en los negocios conocería un parón, un alargamiento que se sumaría al que ya ha sufrido. Porque un año después de abiertas las diligencias -se cumplió ayer jueves 20- González Amador no ha prestado declaración pese a seis citaciones, incluyendo peticiones de suspensión y, finalmente, el rechazo del imputado a hacerlo, el pasado 24 de febrero.

Pero, precisamente, en los últimos cuatro meses que le quedan de carrera, la jueza Iglesias, una vez que la Audiencia de Madrid ha respaldado la apertura de una pieza separada sobre corrupción de los negocios y administración desleal en la trama de actividades de González Amador con la empresa Quirón Prevención –integrante del grupo sanitario Quirón- el pasado 3 de marzo, podrá concretar algunas de las diligencias ya anunciadas -declaración de las dos inspectoras de Hacienda este viernes 21- y declaración de González Amador el 10 de abril, ya partir de ellas, según ha planteado en su auto del 17 de marzo, “y una vez practicada dicha diligencia se procederá a acordar lo que proceda”.

La jueza tiene pendiente resolver la propuesta de la Fiscalía de Madrid de citar como imputado a calidad al abogado experto en temas tributarios Javier Gómez Fidalgo y la de Blanca Gómez Crespo como testigo. Ambos llevaron la representación de Gómez Amador ante la inspección de Hacienda y confeccionaron las autoliquidaciones.

El delito correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021 asciende a 350.951 euros y se han detectado 15 facturas falsas por valor de 1,7 millones de euros. Gómez Fidalgo es administrador, también de la sociedad Babia, que posee la propiedad del ático que utiliza, encima de su piso, la pareja González Amador-Díaz Ayuso en el madrileño barrio de Chamberí.

La magistrada Iglesias elevó su solicitud de jubilación anticipada el 7 de febrero de 2025 al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). De ahí pasó el 5 de marzo pasado al Servicio Personal Judicial de Jubilación voluntaria. Y, finalmente, dicho departamento, tras comprobar que todo estaba en regla -la petición se debe hacer con seis meses de antelación- se incluyó en el orden del día de la Comisión Permanente del martes 18 de marzo.

El CGPJ deberá convocar un concurso para cubrir la plaza a fin de asegurar que el 10 de agosto el juzgado de instrucción número 19 de Madrid tiene nuevo juez a cargo.

De Nacho Cano a González Amador

La juez Iglesias, que ha sido objeto de ataques, tiene que encaminar la instrucción de dos causas que han generado cierta tensión mediático-política. En marzo de 2024 se abrieron diligencias por delito fiscal contra González Amador a raíz de la denuncia de la Fiscalía de Madrid. Parecía un caso sin complicaciones porque la defensa de la pareja de Díaz Ayuso se avino en tiempo récord -2 de febrero de 2024- a un pacto de conformidad -pago de 520.000 euros, con multa e intereses-sin entrar en prisión (el pacto preliminar era de cuatro meses de cárcel para cada uno de los dos delitos, pero sin antecedentes y en delitos de pena inferior a 24 meses de cárcel, no ingresaría en ella).

Pero el pacto se frustró a raíz de una campaña mediático-política en la que la filtración del contenido de un correo -precisamente el que reconocía la comisión de los dos delitos- llevó a la apertura de diligencias por revelación de secreto contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, y la fiscal-jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. El caso de los delitos fiscales pasó a un segundo plano, habitada cuenta de que es un instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo el que ha llevado desde octubre pasado las diligencias.

La realidad es que por más que el fiscal general del Estado sea procesado y llevado a juicio en el Supremo -como prevé el juez instructor Ángel Hurtado- el hecho es que los dos delitos fiscales y la trama de facturas falsas esperan su desenlace penal, al tiempo que una de las empresas del grupo Quirón que nutrieron de fondos a la firma Maxwell Cremona, la que usó González Amador para intermediar en la venta de mascarillas durante la pandemia (con un beneficio de 2 millones de euros), y negocios en los que existen indicios de corrupción, ha complicado el horizonte penal. Un horizonte que empezará a despejarse a partir de las declaraciones de las inspectoras de Hacienda, autoras del informe que sirvieron para la denuncia de la Fiscalía de Madrid.

La jueza Iglesias ha sido objeto en el otro procedimiento, en el que ha imputado presuntos presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra los derechos de los trabajadores al productor musical Nacho Cano y varios trabajadores de Malinche The Musical Spain SL.

Cano ha acusado a la jueza Iglesias de “prevaricar” y pseudo-amañar el reparto para que este asunto recayera en “el mismo juzgado que dirige la causa contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso”. El productor ha emulado la estrategia de Día Ayuso, su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez y sus abogados, al presentarse como víctima de una conspiración político-policial. Y más concretamente: “por ser amigo de Isabel Díaz Ayuso”-
Malinche, la empresa musical, difundió en un comunicado cómo veía el caso contra Cano.

«La fiscal, el sindicato Comisiones Obrera y la jueza [Inmaculada Iglesias] demuestran querer mantener este caso vivo durante más tiempo para intentar sembrar dudas y atacar a personas de intachable reputación que se dedican a generar empleo y vivir de su esfuerzo. Nuestro crimen para ellos es la disidencia, la rebeldía frente a su abuso, no obedecer al pensamiento único. Quieren usar las herramientas del Estado para atacar a los empresarios que no sean de su cuerda. Acudiremos a todas las instancias judiciales necesarias, nacionales o internacionales, hasta que haya justicia”.

La jubilación anticipada el 10 de agosto próximo de la jueza Iglesias provocará movimientos políticos en la judicatura, como suele suceder cuando se heredan casos mediáticos y políticos, para animar a jueces y juezas a ocupar la vacante.

La jueza Iglesias, eso sí, ha tenido que apechuga con casos estresantes.