La hoja de ruta de los `caducados´ Trevijano y Lesmes para `controlar’ el cambio en el Tribunal Constitucional

Tribunal Constitucional
Sede del Tribunal Constitucional en el distrito madriñelo de Chamberí | Fuente: K3T0, vía Wikimedia Commons

La derecha judicial y mediática quiere prorrogar la renovación del Tribunal Constitucional o, al menos, impedir que la nueva mayoría elija al magistrado Cándido Conde-Pumpido nuevo presidente del tribunal de garantías

Los magistrados del Tribunal Constitucional -once tras la dimisión sorpresiva del catedrático de Derecho Laboral Alfredo Montoya el pasado jueves, 27 de julio- ya están de vacaciones. El próximo pleno no está convocado formalmente para el martes 13 de septiembre, pero se deriva, según fuentes consultadas del calendario preexistente, cinco días después de las vacaciones y del inicio del año judicial el 7 de septiembre.       

El 13 sería el mismo día en que el Gobierno ha prometido nombrar a dos magistrados que le corresponde para sustituir a los magistrados cuyo mandato caducó el pasado 12 de junio- Pedro González-Trevijano, presidente desde noviembre de 2021, y Antonio Narváez, (sustituto de Enrique López, dimitido tras conducir ebrio su moto en Madrid) nombrados por Mariano Rajoy, en 2013.

Ese Pleno del 13 de septiembre, de ser convocado para ese día, puede ser el de las barricadas.

Porque González-Trevijano ha hecho llegar al Gobierno que tiene mayoría para evitar que los dos nuevos magistrados del Gobierno tomen posesión si, a su vez, el CGPJ no nombra los dos que le toca designar.

Los magistrados del todavía actual TC pues, se van a descansar. Asuntos urgentes que debían debatirse en junio, según promesa de González-Trevijano, como el recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto, pendiente desde 2010 (sí, 2010), han quedado en agua de borrajas, o el recurso de amparo del diputado Alberto Rodríguez, expulsado de las Cortes por la presidenta Meritxell Batet  en octubre de 2021 – después de mantener contactos con el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena- en el que el exdiputado exigía medidas cautelares urgentes para restituirle el escaño, quedan a la espera. No hay prisa. Si el recurso contra el aborto ha esperado doce años, ¿porque pasa algo si el de Rodríguez aguarda desde hace ocho o nueve meses?

La pérdida de credibilidad y utilidad del TC ya ha sido ganada a pulso con sus nulidades partidistas de las leyes del gobierno durante la pandemia.

Pero irse de vacaciones no supone abandonar planes cuya hoja de ruta a grandes trazos está diseñada. 

El planteamiento del Partido Popular y de los magistrados que se aferran a su silla es “no pasarán”, en referencia a la casi inevitable mayoría progresista en el Tribunal Constitucional tras el nombramiento pendiente de los cuatro magistrados (junto con el vencimiento de los mandatos de  González-Trevijano y Narváez están los del progresista Juan Antonio Xiol, actual vicepresidente, y Santiago Martínez-Vares, conservador, que deben ser sustituidos por quien vote el CGPJ).

La mayoría se forma con los dos que designa el Gobierno, y uno de los dos que debería nombrar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en sustitución de Xiol. 

Estos tres nuevos del sector progresista, o uno aliado a él, sumados a los cuatro miembros que permanecen (Cándido Conde-Pumpido, María Luis Balaguer, Ramón Sáez, e Inmaculada Montalbán) suman 7, contra los dos nuevos del sector conservador, que se añadirán a los tres que permanecen en el tribunal (Ricardo Enríquez, Concepción Espejel y dando por hecho que el dimitido Montoya será reemplazado por un magistrado de su misma orientación conservadora), formando un grupo de 5.  

Esto es: 7 a 5.

Así queda, pues, el paisaje antes de la batalla. Y este paisaje no es aceptado por la derecha judicial y mediática, y viceversa, que se plantea defender una línea maginot que rodee al TC. Y en el peor de los casos, optar por un mal menor.

La primera opción es insistir en lo que González-Trevijano y Lesmes ya han advertido a La Moncloa y a la ministra ude Justicia, Pilar Llop, en todos los actos en los que han coincidido en los últimos meses: los cuatro nombramientos deben ser simultáneos. Si son solo los dos del Gobierno, no pasarán.

Este planteamiento que la derecha mediática airea a los cuatro vientos como una exigencia constitucional carece de fundamentos jurídicos. El propio González Trevijano respaldó en 2016 -cuando no estaba en juego su sillón como ahora- una sentencia que autorizaba la renovación parcial cuando no se reunían “circunstancias normales”-, pero el hecho es que con la nueva reforma legal del Gobierno, el CGPJ está en condiciones de nombrar a los dos magistrados que le corresponde en un acto único, conjunto, con los dos del Gobierno

Pero es que no quiere. Por ello el Gobierno ha dicho que si el 13 de septiembre no están listos esos dos nombramientos, el Ejecutivo sí cumplirá y designará a los dos magistrados que le toca al cumplirse nueve años (duración del mandato) y tres meses de prórroga de González-Trevijano y Narváez.

La derecha mediática ahora exhorta a González-Trevijano y a Lesmes a impedirlo.

“Quien quiera ser pastor de ganado / Debe tener ganado de quien ser pastor”, anotó en el manuscrito del poema portugués -«Pobrecito dictatorcito», contra Salazar en 1935 el escritor Fernando Pessoa, según relata José Barreto, editor de los escritos sobre el fascismo, la dictadura militar y Salazar. El escritor luso identificaba “ganado con un pueblo inerte”, pero esas líneas sirven también para aquellos que ahora mismo están exhortando a González-Trevijano y a Lesmes a actuar, utilizando, por parte de éste último, la disposición de los vocales conservadores del CGPJ que rechazaron la cualidad de idoneidad al candidato a fiscal general del Estado (FGE), Álvaro García, para hacer ahora languidecer la elección de los dos magistrados durante meses.

Lesmes, según se ha informado, convocó para  el 8 de septiembre un pleno del CGPJ a fin de  adoptar una posición sobre los dos magistrados a designar ahora que es posible. 

Y Lesmes también tiene su corazoncito: pasar, como ha ocurrido con sus antecesores, a ser magistrado del Tribunal Constitucional. Para ello, cuenta con que el balón para él está en la línea de penalti del puesto de Montoya.

La derecha mediática usa para movilizar a los suyos el argumento de que el Gobierno propondrá nombrar al magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, ya vetado por Pablo Casado en 2018 ¡Vade retro! 

Problema: el Gobierno no suele nombrar jueces sino catedráticos o catedráticas porque los jueces son propuestos por el CGPJ y son magistrados del Tribunal Supremo. Fuentes gubernamentales ratifican que esa es su posición actual.

En cuanto a la derecha, es bastante normal que impulse en el CGPJ la candidatura de un expresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Eso ocurrió con Ramón Rodriguez Arribas, Santiago Martínez-Vares… y puede volver a suceder en esta ocasión con otro expresidente de APM, el magistrado de la Sala Segunda Pablo Llarena.

Precisamente, Llarena sería la pieza ideada -aunque hay otras como la de Antonio del Moral- para “mantener a raya” a Conde-Pumpido, exmagistrado de la Sala Segunda.

Si es inevitable la mayoría progresista, la derecha busca desesperadamente una última posibilidad de defender la «línea maginot» en torno a la presidencia. Ello pasa por impedir que Conde-Pumpido sea el próximo presidente. Hay que abrocharse los cinturones.

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