La sobreregulación continúa pasando factura al tejido productivo español. En 2025 se aprobaron o modificaron 1.411 textos legislativos, frente a los 1.253 del año anterior y muy lejos de los 476 registrados en 2019. Según datos de WorldLex analizados por THE OBJECTIVE, la carga normativa se ha incrementado un 196% respecto al periodo previo a la pandemia, evidenciando una intensa hiperactividad legislativa.
El año 2019 marca un punto de inflexión para el sector comercial. Solo en 2025, los comercios tuvieron que conocer y aplicar una media de 3,8 nuevas normas al día, según la patronal de supermercados Asedas. Este ritmo supone un récord histórico y refleja seis años consecutivos de aumento de la presión regulatoria, muy alejada de los niveles prepandemia.
A nivel institucional, la Comisión Europea lideró nuevamente la producción normativa con 453 normas aprobadas o modificadas, ligeramente por encima de las 444 de 2024. Estas regulaciones abarcan ámbitos clave como la economía, el comercio, el medio ambiente o los derechos sociales. En paralelo, las administraciones españolas sumaron 958 normas, mostrando una elevada actividad tanto a nivel estatal como autonómico y local.
Dentro de España, las comunidades autónomas se consolidaron como las más activas, con 547 leyes y modificaciones, frente a las 514 del año anterior. La Administración General del Estado aprobó 326 nuevas normas, mientras que las entidades locales contribuyeron con 85 textos, lo que confirma que la presión regulatoria se mantiene en todos los niveles de gobierno.
El medio ambiente fue el ámbito con mayor volumen normativo, concentrando cerca de un tercio del total, con 481 textos relacionados con protección ambiental, eficiencia energética y diseño ecológico. Destaca el Reglamento Europeo de Envases, que impondrá nuevas exigencias de sostenibilidad y trazabilidad a las empresas del sector.
Además, la seguridad alimentaria acumuló 282 normas, lideradas por la Unión Europea, mientras que la normativa laboral y empresarial también tuvo un peso relevante. De cara a 2026, el sector empresarial expresa su preocupación por la incertidumbre regulatoria en materias como el salario mínimo, el control del fichaje o los nuevos permisos retribuidos, y reclama marcos legales más claros y previsibles para planificar inversiones y empleo.