La actividad de saqueo está prohibida para particulares en Castilla y León, según establece el artículo 106.2 del Decreto 37/2007
La Guardia Civil investiga a una persona como presunta responsable de extraer 553 piezas arqueológicas de interés en los yacimientos de Castrejón de Trabancos, en Valladolid. Según la Guardia Civil, el saqueo de las piezas, mayoritariamente objetos metálicos antiguos, provocó “un daño irreparable al Patrimonio Cultural” al ser extraídas de su contexto.
Entre ellas se encontraban puntas de flecha, botones, pinjantes, anillos, hebillas de cinturón, monedas, munición de avancarga, fíbulas, entre otros, que abarcan desde el 2500 a.C. hasta el siglo XVII, según informaron los arqueólogos del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta.
La investigación se originó a raíz de la Operación Castrilase, tras detectarse a principios de enero de 2024 un posible expolio en los yacimientos arqueológicos cercanos al casco urbano de Castrejón de Trabancos. Las tareas preventivas de la Guardia Civil identificaron agujeros en tierras de labor en los alrededores de la localidad, similares a los realizados por buscadores de tesoros que emplean detectores de metales en su afán por hallar piezas de valor histórico o arqueológico.
La identificación del responsable y las acciones legales
La Guardia Civil de Valladolid llevó a cabo las gestiones necesarias para identificar al presunto autor de los hechos, ya que los agujeros se encontraban en yacimientos arqueológicos donde está prohibida cualquier intervención sin autorización previa. Tras localizar al responsable de la extracción de las 553 piezas arqueológicas, se le investigó por un delito contra el patrimonio histórico, por el saqueo de yacimientos arqueológicos y los daños ocasionados en los mismos.
La actividad de saqueo de yacimientos arqueológicos está prohibida para particulares en Castilla y León, según establece el artículo 106.2 del Decreto 37/2007, que aprueba el reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de la región. Además, la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural, establece que las personas sin la debida titulación académica y autorización no pueden dedicarse a la búsqueda de restos arqueológicos, incluso fuera de los bienes catalogados, utilizando cualquier medio, incluido el detector de metales.
La actuación legal y la preservación del patrimonio
La Guardia Civil llevó a cabo diligencias que remitió al Juzgado de Guardia de Valladolid. Este último quedó con las piezas intervenidas a su disposición, las cuales se encuentran actualmente depositadas en el Servicio Territorial de Turismo y Deporte de la Junta. Esta actuación se enmarca en las acciones destinadas a preservar el estado de los yacimientos arqueológicos, al mantener una estrecha colaboración con el personal del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León.