La Fiscalía reclama a la Audiencia de Madrid que archive el ‘caso Begoña Gómez’ por ausencia de delito

El Ministerio Público remite un escrito al propio juez instructor para reafirmar su postura

La Fiscalía Provincial de Madrid ha dado un paso decisivo en el proceso judicial que afecta a la esposa del presidente del Gobierno, y ha solicitado a la Audiencia Provincial el sobreseimiento libre de las actuaciones. Según el Ministerio Público, el caso debe cerrarse al «no ser los hechos constitutivos de infracción penal», contradiciendo así la línea seguida por el juez instructor Juan Carlos Peinado.

El recurso de la Fiscalía se produce tras el auto del juez Peinado, quien planteó juzgar a Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés mediante un jurado popular. La Fiscalía ha sido tajante al pedir que se estime su apelación respecto a todos los delitos investigados —tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida y malversación— y que se acuerde el archivo «respecto de todos los investigados afectados».

En paralelo, el Ministerio Público ha remitido un escrito al propio juez instructor para reafirmar su postura. En caso de que la Audiencia de Madrid decida seguir adelante y abrir juicio oral a pesar de su recurso, la Fiscalía ya ha adelantado en su nota informativa que «reclamará la absolución de los tres investigados», manteniendo su criterio de que no existe base jurídica para una condena.

Hazte Oír pide 24 años de cárcel

En el extremo opuesto se sitúa la acusación popular liderada por Hazte Oír, que ha presentado un escrito de acusación de extrema dureza. Esta organización solicita la apertura de juicio y penas que suman 24 años de cárcel para Begoña Gómez, además de medidas cautelares drásticas como la prohibición de salida de España y la retirada del pasaporte por lo que consideran un «evidente riesgo de fuga».

Esta petición de cárcel cuenta con el respaldo de otras acusaciones populares personadas en la causa, entre las que figuran Vox, Manos Limpias e Iustitia Europa. Además de las penas contra Gómez, solicitan 22 años de prisión para su asesora en Moncloa y seis años para el empresario Barrabés, intensificando el choque jurídico entre el criterio de la Fiscalía y las asociaciones denunciantes.