En la elección del 22 de diciembre, el PP y los vocales conservadores apuntan a condicionar quién se hará posteriormente con la presidencia del TC
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, al ignorar el Pleno de verificación solicitado por el Gobierno para dar luz verde a los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez, colocó la pelota en el tejado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), abriendo expectativas de que nombre a su vez a los otros dos magistrados que le corresponde por ley. Si no lo hace, no tendrá más remedio que convocarlo tras denegar la petición de tres magistrados el pasado miércoles día 30 de noviembre.
La presión, por tanto, se concentra ahora en el sector conservador, cuyos vocales fueron elegidos en 2013 – ¡hace nueve años, reflejo de la mayoría absoluta del gobierno de Mariano Rajoy! -, y han ejecutado la orden del PP de bloquear la renovación desde diciembre de 2018 -¡van a cumplir en 2023 diez años cuando fueron nombrados por cinco!- ante el pleno ordinario mensual, previsto para el 22 de diciembre. Aunque el orden del día se confecciona el viernes anterior a cada pleno, en este caso el viernes 16, fuentes judiciales consultadas aseguran que el presidente Rafael Mozo ya pensaba proponer el punto de los nombramientos.
El grupo conservador se ha mantenido firme desde el pasado 8 de septiembre en su negativa a proponer candidatos. El sector progresista propuso de entrada cinco. El conservador, cero. Pero ya desde el principio éste sector impuso la norma al contrario y consiguió que, finalmente, los progresistas redujeran su candidato, después de votar internamente, a uno: el magistrado de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo, José Manuel Bandrés. Al conocer su nombre la propuesta formal del grupo progresista, hace algunas semanas, el grupo conservador comenzó a atacar la figura del magistrado, tildándole de “progubernamental“.
Y el miércoles pasado, cuando el portavoz del sector progresista, Álvaro Cuesta, le dijo a su homólogo José Antonio Ballestero que seguía siendo la única propuesta, la reunión no superó los cinco minutos. Ballestero le pidió que consultara otra vez. El jueves, Cuesta y su grupo ratificaron: Bandrés. A continuación, este viernes Ballestero mensajeó a sus colegas: “En estas circunstancias en el Pleno del día 22 se harán las propuestas que cada vocal considere conveniente y cada cual votará a los candidatos que considere oportuno, sin previo consenso sobre la idoneidad y oportunidad de los candidatos propuestos“.
“Parece que para los conservadores se trata de algo inaceptable, y eso que no han puesto ningún candidato sobre la mesa. Quieren salvar la cara y culpabilizarnos de la falta de consenso”, señaló a El Periódico de Catalunya Álvaro Cuesta, unas declaraciones que recoge FUENTES INFORMADAS.
El West Point de la magistratura
El CGPJ históricamente elige a magistrados del Tribunal Supremo para el TC. Y para más detalle a magistrados de la Sala Tercera, la West Point de la magistratura, como solía llamarla Carlos Lesmes, de esa misma especialidad, para quien el derecho penal siempre ha sido una rama menor. Se supone, por tanto, que la “idoneidad y oportunidad” está asociada directamente al nombre del candidato.
¿Cuál es el mensaje si Ballestero debiera ponerlo en román paladino, por ejemplo, en el lenguaje del entonces portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó cuando explicó a su grupo que era estupendo poner a Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo, en la presidencia del CGPJ, el 18 de noviembre de 2018, porque suponía controlar “la Sala Segunda desde detrás“?
¿Que no habrá manera de elegir a los dos candidatos con ese sistema de votación? Se necesitan 11 votos ahora para sacar adelante a los candidatos, después de que Lesmes tirara la toalla. Los conservadores tienen 10. Por tanto, tendrían que pescar uno en el sector progresista que suma 8 si se incluye al vocal Enrique Lucas, nombrado por el Partido Nacionalista Vasco (PNV).
El progresista “preferido” por el sector conservador
Como en la lista original de cinco presentada por el grupo progresista se encontraba el magistrado Pablo Lucas, de la Sala Tercera, el responsable de atender las intervenciones telefónicas y entradas en domicilio por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) desde 2009 hasta 2024, Ballestero y sus colegas urdieron un plan. ¿Por qué aparte del candidato de la derecha no se elige al candidato Lucas por los progresistas? En otras palabras, elegimos a un “propio” y a nuestro progresista “preferido”.
El maestro de este sistema fue Lesmes. Lo hizo por todo lo alto cuando creó el puesto de vicepresidente del Supremo y puso allí a un magistrado del sector progresista -Ángel Juanes-, porque, entre otras cosas, era amigo personal suyo. Pero el cargo carecía de contenido. Pero la utilización del marchamo progresista era rentable.
Entre los “propios” se contempla a alguien que hasta hace un mes manifestaba carecer del mínimo interés por ir al TC: Pablo Llarena. Ahora se sabe que no es por indiferencia sino porque su esposa, la magistrada Gema Espinosa, era candidata a vocal del CGPJ y Llarena no quería perjudicar su carrera. Pero ahora que ya no se renueva, está interesado.
Pero, fuentes judiciales consultadas señalan que no todos los vocales conservadores están por dicho perfil. Dos de ellos, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya, los llamados Juanes, se inclinan por volver a la tradición de nombrar a un magistrado de la Sala Tercera en la persona de su actual presidente, César Tolosa.
En esta elección del 22, que nadie atina a pronosticar su desenlace, dado el guirigay que supondrá votar sin un pacto previo, hay una segunda derivada: condicionar la próxima presidencia del TC.
La mayoría conservadora en el tribunal de garantías pasará a una mayoría progresista. Con los dos nuevos nombramientos, el sector progresista pasa a tener seis magistrados. Si del CGPJ saliera lo que normalmente se esperaría, los progresistas pasarían a ser siete magistrados, mientras que los conservadores serán cuatro. En este grupo se iba a integrar un quinto magistrado en sustitución de Alfredo Montoya, que es elegido por el Senado, y que depende de los votos del PSOE, garantizados en el abortado pacto Sánchez-Feijóo.
Los conservadores quieren a Lucas precisamente porque tienen expectativas de que una vez renovado el TC cuando se realice la votación para elegir presidente y vicepresidente, su progresista “preferido” no votará por Cándido Conde-Pumpido. Los conservadores urden la presidencia para María Luisa Balaguer, su progresista “preferida”.