La Audiencia de Madrid avala que la UCO rastree todos los datos fiscales y laborales de la pareja de Ayuso

La Justicia corrige al juez instructor y permite a la Guardia Civil investigar de forma simultánea las cuentas bancarias, la información tributaria y la Seguridad Social de Alberto González Amador

La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso presentado por la Fiscalía, autorizando a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a examinar la totalidad de la información tributaria y de la Seguridad Social de Alberto González Amador. De este modo, la Justicia revoca la decisión inicial del juez instructor, Antonio Viejo, quien había postergado las indagaciones fiscales y laborales a la espera de obtener los primeros resultados del análisis del rastreo bancario.

Esta actuación judicial se enmarca en la pieza separada que investiga presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. El foco del procedimiento se sitúa en diversas operaciones empresariales del entorno de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, así como en la evolución patrimonial de las distintas sociedades vinculadas a su actividad mercantil.

Entre los hechos bajo sospecha destaca la compra en diciembre de 2020 de la sociedad Círculo de Belleza S.L. por cerca de 500.000 euros, una firma que carecía de valor según los informes policiales. Los investigadores tratan de determinar si esta transacción encubrió el pago de una presunta comisión al presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, ya que la entidad adquirida pertenecía a la pareja de este directivo.

La causa también analiza el notable incremento de los ingresos de la empresa Maxwell Cremona, así como sus gestiones de intermediación en la venta de material sanitario durante la pandemia y sus contratos con Quirón Prevención. La decisión de la Audiencia permitirá a los agentes cruzar directamente los movimientos de las cuentas abiertas desde 2014 con los registros tributarios para reconstruir con precisión el flujo de fondos.

Por su parte, González Amador defiende la legalidad de todas sus operaciones y niega haber utilizado sociedades instrumentales para eludir impuestos. Durante su declaración en sede judicial, el empresario argumentó que la compra de Círculo de Belleza se justificaba por el valor de su red de distribución farmacéutica y sostuvo que la inspección de Hacienda nunca le había requerido los contratos de dicha sociedad.