Koldo dice que Aldama miente mientras Anticorrupción afirma que él, Ábalos y Cerdán eran una organización criminal

El exasesor de Ábalos asegura desde prisión que presentará pruebas que pueden “reventar” el proceso por el caso de las mascarillas

El exasesor ministerial Koldo García ha cargado contra el empresario Víctor de Aldama poco antes del inicio del juicio en el Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia. En un audio enviado desde prisión al programa La Mirada Crítica de Telecinco, García ha calificado a Aldama de “mentiroso” y “tonto”, y ha asegurado que nunca recibió dinero de él.

El exasesor, que trabajó con el exministro José Luis Ábalos, sostiene que no existe ninguna prueba que demuestre que haya cobrado comisiones. “A mí no me ha dado jamás nada”, afirma en el mensaje, en el que insiste en que podrá demostrar su inocencia durante el proceso judicial.

García asegura además que dispone de documentación que presentará durante el juicio y que, según él, podría “reventar” el procedimiento. A su juicio, las acusaciones contra él se basan en “fantasías” y en supuestas pruebas inventadas por Aldama.

Tanto Koldo García como Ábalos se encuentran en prisión provisional desde finales de noviembre y han defendido en sus escritos que no cometieron delito alguno. Ambos niegan haber participado en irregularidades en la adjudicación de contratos de material sanitario durante la pandemia.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que Ábalos, García y Aldama habrían aprovechado la posición del entonces ministro en el Gobierno para favorecer adjudicaciones públicas a determinadas empresas a cambio de beneficios económicos.

Según el escrito de acusación del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, los tres habrían pactado aprovechar las oportunidades que surgieran dentro de la Administración para obtener contratos y repartirse beneficios, con el apoyo puntual de funcionarios, empresarios y personas del entorno de los implicados.

El juicio que ha comenzado en el Supremo busca esclarecer si existió una trama para influir en la contratación pública durante la crisis sanitaria y si los acusados obtuvieron beneficios personales mediante esas adjudicaciones.