Irán ha endurecido su discurso ante la posibilidad de un ataque militar estadounidense en un contexto de fuertes protestas internas que, según cifras oficiales, habrían causado unos 2.500 muertos, aunque organizaciones de derechos humanos elevan esa cifra hasta 12.000. La represión de las manifestaciones ha intensificado la tensión tanto dentro del país como en el ámbito internacional.
El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nafizardeh, lanzó una advertencia directa a Washington al asegurar que Teherán respondería militarmente si Estados Unidos atacara su territorio. “La respuesta iraní será dolorosa”, afirmó, añadiendo que Irán no dudará en atacar bases militares estadounidenses en la región.
En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado públicamente su apoyo a los manifestantes iraníes. A través de un mensaje en su red social, animó a continuar las protestas y a tomar las instituciones: “Patriotas iraníes, ¡sigan protestando! ¡Tomen sus instituciones!”, prometiendo además que “la ayuda está en camino”.
No obstante, Trump no ha especificado qué tipo de ayuda proporcionaría su administración a los manifestantes. Sí confirmó, en cambio, la cancelación de cualquier encuentro con dirigentes iraníes “hasta que cese el asesinato sin sentido de manifestantes”, endureciendo así la postura diplomática de Washington frente a Teherán.
Las declaraciones del presidente estadounidense provocaron una dura reacción por parte de las autoridades iraníes. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, acusó directamente a Trump y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de ser “los principales asesinos del pueblo de Irán”, según escribió en la red social X.
Mientras tanto, la Casa Blanca mantiene una posición ambigua sobre un posible ataque. Aunque insiste en que “la diplomacia siempre es la primera opción”, no descarta otras alternativas. En el terreno, las protestas continúan en las principales ciudades iraníes y han sido reprimidas con dureza, dejando centenares de muertos y miles de detenidos, según grupos de derechos humanos