Inocentes condenados

​Leo, con cierto escepticismo, una noticia publicada en “El País” y divulgada también por mi buen amigo Juan Antonio Rodríguez Flores, sobre los errores judiciales y los ¿88? Inocentes condenados en los últimos 30 años por esos fallos (el nombre le viene que ni pintado) judiciales.
​Digo que leo esa noticia con escepticismo porque no me lo creo del todo. Dice la noticia que el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en el 2023 que flexibiliza los criterios para poder revocar una sentencia firme.

No me creo que los jueces reconozcan de alguna forma que son falibles. Eso los hace cuasi humanos y no es propio de ellos bajarse del pedestal en el que están subidos y colocarse al mismo nivel que los ciudadanos de a pie, que sí nos podemos equivocar.

Eso o que están preparando alguna puerta de atrás para los políticos que van a ser condenados en breve, y de esa forma poder librarlos a pesar de ser condenados. Nunca se sabe.

A pesar de todo, las consecuencias de esos errores no son las mismas ¡No! No nos engañemos. Por ejemplo, si yo como abogado en ejercicio divulgo una conversación mantenida con mi contrario, un mail, un SMS o similar durante la negociación de un caso, mi colegio de abogados puede, y de hecho lo hará, sancionarme con una inhabilitación por vulnerar el código deontológico.

Los fiscales, pueden hacerlo libremente, como es el caso del Fiscal General del Estado. No le va a pasar nada en absoluto, se irá de rositas después de todo el paripé que están montando, que para eso le ha puesto ahí nuestro amantísimo líder todopoderoso.

Lo mismo pasa con los jueces. Si se equivocan y mandan a un inocente a la cárcel, no les pasa nada. Se van de rositas, como mucho con una multa o un tirón de orejas en “petit comité”.

Como muestra aquí dejo algunos ejemplos, sacados de otro artículo publicado por El País, pero en el año 2012, concretamente el 28 de enero, y escrito por Mónica Ceberio Belaza y Manuel Altozano:
​Entre los años 2008 y 2011 se estudiaron casi seis mil quejas contra jueces. Fueron sancionados 126, el dos por ciento y expulsado uno. A título de muestra:

​*.- Juan de Dios Anguita juzgó casos en los que se dirimían importantes intereses económicos que le afectaban directamente a él y a su esposa. El Consejo General del Poder Judicial le sancionó con una suspensión en el cargo por doce años. El Tribunal Supremo anuló esa decisión por haber sobrepasado los plazos legales en la tramitación del expediente disciplinario.

​*.- El Presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Marín, asesoró jurídicamente a un narcotraficante y trató de convencer a sus compañeros del Tribunal para que lo dejaran en libertad. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo condenó penalmente. El Tribunal Supremo lo absolvió.

​*.- El Juzgado de Rafael Tirado se traspapeló el expediente de Santiago del Valle que debía estar en prisión por un delito de abusos sexuales. El descuido permitió que éste matara a la niña Mari luz. Se saldó con una multa de 1.500 euros.

​*.- La Jueza de lo penal de Motril, Adelina Entrena, mantuvo encarcelado durante 455 días a José Campoy, al que ella misma había absuelto por un presunto delito de robo.

​*.- Francisco Javier Urquía recibió 73.800 euros del cerebro del caso “Malaya”. El Tribunal Supremo lo absolvió de prevaricación y permitió su vuelta a los juzgados, aunque está suspendido cautelarmente por otras causas que tiene abiertas.

​*.- Pilar Ramírez benefició al Ayuntamiento de Marbella, gobernado por Jesús Gil y de paso a las empresas de su padre. Suspensión de cuatro años.

​Y así cientos y cientos sin castigo. Salvo que seas un juez díscolo y te enfrentes a quien no debes y aún así se lo quitan de en medio con una mera inhabilitación, la cárcel ni la huelen.

​En mi novela “El inocente asesino” trato precisamente sobre las causas que están detrás de esos errores judiciales y que como muy bien dice el estudio, son la mala praxis profesional de los operadores, tanto de los jueces como de los fiscales y de los abogados, así como de los policías, una incorrecta aplicación de la ciencia forense y los errores en la identificación de los supuestos culpables por parte de víctimas y testigos.

Mucha gente dirá que 88 inocentes condenados en 30 años no son muchos. Eso se piensa porque nos creemos que a nosotros no nos va a pasar. Que nosotros estamos muy lejos, que a nosotros ni tan siquiera nos van a abrir unas Diligencias Previas. ¡Hasta que sucede! Entonces nos venimos abajo. Entonces nos preguntamos por qué ha fallado el sistema. Nos llevamos las manos a la cabeza y empezamos a dudar de nuestra propia inocencia.

El sistema falla porque no exigimos. Porque pensamos que eso, que el Código Penal, no va con nosotros, que no nos afecta y que los políticos lo hacen todo muy bien. Por eso seguimos votando a los mismos inútiles una vez tras otra.

¡Avisados estáis! ¡Cuando os toque, no os quejéis!