La causa conocida como el caso de las cloacas del PSOE sigue sumando nuevos capítulos. La asociación Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en el procedimiento, ha anunciado que solicitará al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, el ingreso en prisión provisional de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, ambos investigados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la Justicia.
La petición se fundamenta, según la acusación, en el riesgo de que ambos puedan influir en la investigación debido a los cargos que todavía desempeñan dentro del Instituto Armado. Consideran que su permanencia en estas responsabilidades podría facilitar una eventual destrucción de pruebas o la continuidad de las conductas que se investigan.
El magistrado ha citado a ambos a declarar como investigados el próximo 16 de julio, después de que la Fiscalía Anticorrupción respaldara su imputación. El Ministerio Público sostiene que las actuaciones investigadas pudieron generar un efecto intimidatorio sobre los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), encargados de investigaciones de especial relevancia, mediante la apertura de expedientes internos que habrían podido condicionar su labor.
Mientras tanto, varias asociaciones profesionales de la Guardia Civil han reclamado la dimisión de Mercedes González y el cese de Manuel Llamas, al considerar que la situación está perjudicando la imagen y el prestigio de la institución. Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado públicamente su confianza en ambos y ha descartado, por el momento, adoptar medidas sobre su continuidad en el cargo.