Hacienda desmantela una macrotrama de 38 sociedades que defraudó 300 millones en el IVA de hidrocarburos

La red contaba con una extensa red de testaferros y asesorías legales que facilitaban la continuidad del fraude

La Agencia Tributaria ha logrado desarticular una compleja red de defraudación en el sector de los hidrocarburos, integrada por 38 sociedades y que habría causado un perjuicio superior a los 300 millones de euros en 2024, según informa Europa Press. Se trata de una de las mayores tramas de fraude de IVA detectadas en España en este sector.

En la operación, denominada Pamplinas Stars, se realizaron hasta 18 registros en 12 localidades de siete provincias. Las autoridades intervinieron inmuebles, vehículos, embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, efectivo, obras de arte, artículos de lujo y metales de alto valor económico.

Cinco responsables de la red fueron detenidos, incluyendo a uno de los líderes, quien ya se encuentra en prisión imputado por delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales. Más de 160 funcionarios participaron en la operación, coordinada por la Agencia Tributaria.

‘Modus operandi’

La investigación comenzó a mediados de 2024 tras detectar un posible fraude de un operador mayorista que vendía grandes cantidades de hidrocarburos desde finales de 2023. En ese momento, la normativa todavía permitía declaraciones trimestrales y una identificación anual de clientes y proveedores, lo que facilitaba la defraudación.

El esquema delictivo se basaba en empresas instrumentales que facturaban el producto final, declarando un IVA devengado mucho menor y un IVA soportado superior al real. Cuando la primera operadora fue dada de baja del registro Redef, la actividad fraudulenta continuó con una segunda y luego una tercera operadora, que igualmente fueron inhabilitadas en pocos meses.

Inhabilitación de tres operadoras

Las tres operadoras principales han quedado fuera del mercado, pero la investigación sigue abierta bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción. La red también contaba con una extensa red de testaferros y asesorías legales que facilitaban la continuidad del fraude.

La operación permitió destapar una estructura diseñada para evadir el pago del IVA y trasladar fondos ilícitos al extranjero, acelerando la expansión de las ventas a bajo precio y afectando tanto a la Hacienda pública como a la competencia del sector. La Agencia Tributaria califica el caso de “vasto y complejo” por su alcance territorial y la sofisticación de la operativa.