García Ortiz abona la sanción de 17.200 euros y el Supremo pone en marcha la indemnización al novio de Ayuso

El exfiscal general cumple con el pago impuesto por el alto tribunal, que reclama los datos bancarios del beneficiario de la indemnización

El proceso judicial que ha rodeado al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz entra ahora en una nueva fase. Tras abonar íntegramente la sanción económica de 17.200 euros impuesta por el Tribunal Supremo, el alto tribunal ha iniciado los trámites para hacer efectiva la indemnización a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El pago de la sanción y los pasos del Supremo

Según fuentes jurídicas, García Ortiz ya ha satisfecho tanto los 10.000 euros de indemnización como los 7.200 euros de multa fijados en la sentencia dictada el pasado mes de diciembre. Dicha resolución lo condenó por un delito de revelación de secretos y le impuso además dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general del Estado.

Una vez completado el pago, el Supremo ha solicitado a González Amador los datos de su cuenta bancaria para proceder al ingreso de la indemnización correspondiente. Se trata de un paso administrativo que da continuidad a la ejecución de la sentencia y que marca el cierre económico del procedimiento, a la espera de que se resuelvan los recursos aún planteados, según Europa Press.

Desde el entorno jurídico se subraya que el cumplimiento de la sanción no implica la renuncia a las vías legales abiertas. De hecho, el propio García Ortiz presentó un incidente de nulidad contra la sentencia, argumentando que su actuación estuvo orientada a proteger la credibilidad de la Fiscalía frente a lo que considera ataques a la institución.

Apoyo interno y regreso a la carrera fiscal

Uno de los aspectos más significativos del caso ha sido el respaldo recibido por parte de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que perteneció García Ortiz. La organización impulsó una campaña de colaboración para hacer frente a las responsabilidades económicas derivadas de la condena, una iniciativa que logró reunir la totalidad del importe necesario en pocas semanas.

En un comunicado, la UPF destacó que decenas de fiscales de distintos territorios y categorías, así como ciudadanos ajenos al Ministerio Fiscal, participaron en el llamamiento. Según la asociación, no se trataba solo de una cuestión económica, sino de un gesto ético y profesional, con el que defendían que “nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley y a su conciencia”.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado ha autorizado la reincorporación de García Ortiz a la carrera fiscal. Su nuevo destino será la Sección de lo Social de la Fiscalía del Supremo, un regreso que se produce en un contexto todavía marcado por la polémica pública y política.

Con el pago ya efectuado y la indemnización en trámite, el caso entra en una fase más técnica que mediática. Sin embargo, sigue siendo un episodio de fuerte impacto institucional, donde se cruzan justicia, ética profesional y debate político, y cuyas consecuencias continúan generando reflexión dentro y fuera del ámbito judicial.