El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha anunciado que la nueva jornada de protestas convocada por los ‘chalecos amarillos’ y los sindicatos de estudiantes para el próximo 24 de octubre contará con un dispositivo policial de gran envergadura. Ante el pleno de la Asamblea Nacional, el jefe del Ejecutivo garantizó una estrategia más ágil frente a la postura «estática y poco móvil» mostrada anteriormente, blindando los accesos a las sedes institucionales: «Ni un solo manifestante se acercará al Elíseo o a Matignon el próximo sábado».
Por su parte, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, defendió en el Parlamento una actualización de la doctrina de seguridad encaminada a contrarrestar la táctica de los grupos más violentos. Nuñez confirmó que las autoridades prevén «intensificar el despliegue» para responder con eficacia «a estos grupos que dispersan a nuestras fuerzas de forma planificada», tras unas semanas marcadas por la convergencia del malestar estudiantil en educación y los reclamos sobre el coste de la vida del movimiento de los ‘chalecos amarillos’.
El Gobierno galo ha atribuido el origen de la violencia a la agitación provocada por facciones de «ultraizquierda» con fines insurreccionales. Lecornu descartó categóricamente cualquier responsabilidad de los agentes en el escalamiento de la tensión social y rechazó la idea de que la policía actúe como agente provocador: «Como creemos en la responsabilidad individual, cuando empieza el vandalismo los culpables son los vándalos, no la retórica que sugiere que son las autoridades quienes están detrás de estos daños».
El debate parlamentario estuvo fuertemente condicionado por una investigación periodística de Mediapart, en la que mandos de Inteligencia sugerían haber recibido presiones para implicar a La Francia Insumisa (LFI) en la organización de los altercados. Frente a estas informaciones, el primer ministro se mostró tajante al declarar que «resulta impensable que un Gobierno pueda dar semejantes instrucciones», rebatiendo así los indicios sobre una presunta instrumentalización política de la seguridad del Estado.
No obstante, las revelaciones periodísticas han desatado una dura reacción en la oposición de izquierda, cuyos portavoces ya contemplan acudir a los tribunales. Manuel Bompard, coordinador general de LFI, criticó duramente la actuación del Ministerio del Interior advirtiendo de que «si los servicios de inteligencia territorial elaboran informes falsos, si se les pide que escriban cosas falsas en esos informes, eso se llama escándalo de Estado».