Fin del peaje en sombra: el Estado tomará el control de casi 1.000 kilómetros de carreteras

Los contratos de peaje en sombra adjudicados en 2007 finalizarán en diciembre de 2026 y el Gobierno asumirá la conservación y mantenimiento de 993 kilómetros de vías

El Gobierno asumirá a partir del 1 de enero de 2027 la conservación y explotación de 993 kilómetros de autovías de primera generación, una vez concluyan los contratos de concesión firmados en 2007 bajo el modelo de peaje en sombra. La medida supondrá el regreso a gestión pública de varios tramos estratégicos de las autovías A-1, A-2, A-3, A-31 y A-4.

La reversión afectará a cerca del 10% de la red estatal libre de peaje y pondrá fin a un modelo por el que las empresas concesionarias se encargaban del mantenimiento de las vías mientras la Administración abonaba un canon en función del tráfico registrado.

Con el vencimiento de los diez contratos previsto para diciembre de 2026, el Estado pasará a financiar íntegramente la conservación de estas infraestructuras mediante los Presupuestos Generales del Estado. Según las estimaciones del sector, el mantenimiento directo podría rondar los 80 millones de euros anuales, aunque el Ministerio de Transportes calcula que la nueva fórmula permitirá un ahorro superior a los 200 millones de euros cada año.

Las autovías afectadas destacan por su elevada intensidad de tráfico. De acuerdo con los datos del sector concesional, soportan un volumen de circulación superior a la media de la red estatal, especialmente en lo referente al transporte pesado, lo que las convierte en corredores fundamentales para la movilidad y la actividad económica.

Durante los casi veinte años de concesión, las empresas responsables han ejecutado inversiones millonarias destinadas a la modernización y conservación de estas carreteras. Además, los informes del sector destacan mejoras significativas en seguridad vial, con una reducción de los índices de siniestralidad y mortalidad respecto a los años previos a la puesta en marcha de los contratos.

Uno de los aspectos que todavía deberá resolverse antes de la reversión es el futuro de los cerca de 500 trabajadores especializados que actualmente desarrollan labores de conservación y explotación en estas vías. La posible subrogación de las plantillas será una de las cuestiones que deberán abordar la Administración y las empresas concesionarias durante los próximos meses.

Con este cambio, España afronta una de las mayores operaciones de recuperación de infraestructuras viarias de las últimas décadas, en un proceso que redefinirá el modelo de gestión de una parte relevante de la red estatal de carreteras.