Exdirigentes europeos plantan cara a Israel y reclaman sanciones por los asentamientos

Los firmantes piden a Bruselas suspender las disposiciones comerciales del Acuerdo de Asociación con Israel y actuar contra las empresas que participen en el proyecto

Más de 500 ex altos cargos, diplomáticos, ministros y funcionarios europeos han reclamado este lunes a la Unión Europea que adopte medidas contra Israel por el proyecto de asentamientos en la zona E1, al este de Jerusalén, que, según denuncian, amenaza con dividir Cisjordania y dificultar la creación de un futuro Estado palestino.

Los firmantes consideran insuficiente la respuesta de Bruselas ante la expansión de los asentamientos y reclaman suspender las disposiciones comerciales del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, vigente desde 2000 y que establece un régimen de libre comercio bilateral en distintos sectores.

«A pesar de las considerables consecuencias de esta nueva anexión de territorio, la Unión Europea no ha tomado ninguna medida para disuadir la ejecución del proyecto E1», denuncian en una declaración publicada por el diario francés Libération. También sostienen que la UE no estaría cumpliendo sus obligaciones derivadas de los tratados europeos ante las vulneraciones del Derecho Internacional que atribuyen a Israel.

Entre los firmantes figuran los antiguos primeros ministros franceses Dominique de Villepin y Alain Juppé, el ex jefe de Gobierno italiano Massimo D’Alema, el antiguo primer ministro belga Yves Leterme y el ex primer ministro sueco Stefan Löfven. También respaldan el texto el ex alto representante de Política Exterior de la UE Josep Borrell y el expresidente del Parlamento Europeo Enrique Barón.

Los exdirigentes europeos sitúan el proyecto E1 en el centro de su denuncia. La iniciativa contempla la construcción de más de 1.200 viviendas en una zona estratégica situada entre Jerusalén y el resto de Cisjordania.

Los firmantes advierten de que la ejecución del proyecto podría fragmentar territorialmente Cisjordania y dificultar la continuidad territorial necesaria para un eventual Estado palestino. Por ello reclaman que la UE actúe antes de que avance la adjudicación de los contratos correspondientes a la primera fase.

La declaración apunta además a la próxima reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE, prevista para el 12 de octubre, como una oportunidad para adoptar medidas.

La iniciativa reclama a la Comisión Europea que presente «de inmediato» propuestas legislativas para sancionar a las entidades financieras y otros proveedores de servicios que participen en el desarrollo del proyecto E1 y de otros asentamientos que los firmantes consideran ilegales.

También piden impedir que empresas europeas puedan mantener relaciones comerciales vinculadas a esos proyectos.

El poder judicial israelí ordenó el pasado 27 de septiembre aplazar durante un mes la apertura de la licitación del proyecto E1. La decisión se produjo antes de las elecciones legislativas previstas en Israel para finales de octubre.

La presión de los antiguos dirigentes se suma a las posiciones adoptadas por varios gobiernos europeos. Doce países condenaron el proyecto en una declaración conjunta publicada el 8 de septiembre y anunciaron su intención de establecer restricciones nacionales al comercio con los asentamientos israelíes.

España, Irlanda y Países Bajos ya han adoptado medidas en este ámbito.

Los firmantes reconocen esas iniciativas nacionales, pero cuestionan que la UE no haya sido capaz de adoptar una respuesta común. En particular, señalan a Alemania e Italia por, según denuncian, bloquear sistemáticamente nuevas medidas a escala europea.

A su juicio, esta falta de consenso termina debilitando la posición de la Unión y dificulta avanzar hacia una solución basada en dos Estados.

La declaración recuerda que el artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel establece que las relaciones entre ambas partes deben fundamentarse en el respeto de los Derechos Humanos y los principios democráticos.

Los antiguos responsables europeos consideran que la expansión de los asentamientos pone en cuestión esos compromisos y reclaman que la UE utilice los instrumentos de los que dispone para presionar al Gobierno israelí.

En Cisjordania viven actualmente alrededor de 700.000 colonos israelíes, según las estimaciones recogidas en la declaración. Los firmantes recuerdan además que el Derecho Internacional considera ilegales los asentamientos establecidos en territorios ocupados y que la transferencia de población de una potencia ocupante al territorio ocupado está contemplada como crimen de guerra por el Estatuto de Roma.

La petición deja así el futuro del Acuerdo de Asociación sobre la mesa y coloca de nuevo a los gobiernos europeos ante una cuestión que divide a los Estados miembros: hasta dónde está dispuesta a llegar la UE para condicionar su relación comercial con Israel ante la expansión de los asentamientos.