Desde el año 2018, España ha contabilizado un total de 13 victimizaciones por mutilación genital femenina, según datos oficiales del Sistema Estadístico de Criminalidad. En una respuesta parlamentaria dirigida al grupo Vox, el Ejecutivo ha desglosado la evolución de este delito, que alcanzó su punto máximo en 2023 con cuatro casos registrados. Tras un ligero descenso en 2024, el pasado año 2025 cerró con tres nuevas víctimas identificadas por las autoridades.
En el apartado policial, el balance arroja 11 personas detenidas o investigadas en este periodo. Los datos revelan un cambio en el perfil de los implicados: mientras que entre 2019 y 2022 los investigados eran mayoritariamente de nacionalidad española, en los dos últimos años (2024 y 2025) la tendencia ha virado hacia personas de nacionalidad extranjera. El año 2025 fue especialmente intenso en actividad policial, con seis actuaciones registradas.
Más allá del ámbito estrictamente criminal, el Gobierno ha recordado que el seguimiento de estas víctimas es una prioridad sanitaria. La detección y el acompañamiento se coordinan a través del Ministerio de Sanidad mediante herramientas como la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria. Este enfoque integral busca no solo castigar el delito, sino ofrecer una red de seguridad médica y psicológica a quienes sufren esta forma de violencia.
La lucha contra esta práctica se centraliza en la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. El Ejecutivo subraya que la mutilación genital es una violación de los derechos humanos que requiere políticas de prevención y protección específicas. Estas actuaciones están respaldadas por el marco legal vigente, que garantiza recursos públicos para la atención de las víctimas y la sensibilización de las comunidades en riesgo.
Como pilar de esta estrategia, el Gobierno destaca el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, recientemente renovado en febrero de 2025. Este acuerdo nacional incluye medidas concretas para combatir la mutilación genital femenina, reforzando la cooperación entre instituciones para erradicar una práctica que el Ejecutivo define como una forma extrema de violencia contra la mujer.