El modelo de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España está evolucionando hacia un enfoque de «gestión inteligente» que prioriza la eficiencia sobre la restricción generalizada. Según Ramón Ledesma, experto en movilidad de Impulso by Pons, el futuro de estas áreas pasa por ser «más precisas, más controladas y más conectadas con el transporte público». En lugar de prohibiciones indiscriminadas, se plantea el uso de peajes urbanos selectivos por horarios o una fiscalidad basada en el uso real del vehículo.
A pesar de los cambios políticos en países vecinos, el marco normativo de la Unión Europea sigue siendo estricto. Bruselas no impone la creación de una ZBE por sistema, pero sí exige resultados reales en la calidad del aire. Ledesma aclara que «la UE no dice ‘haga usted una ZBE’, pero sí obliga a que, si el tráfico es una de las causas principales del incumplimiento, las administraciones adopten restricciones eficaces». Si una ciudad decide eliminar estas zonas, deberá implementar medidas alternativas que garanticen que no se superen los límites de contaminación.
Uno de los grandes errores identificados en el modelo español ha sido la celeridad en su aplicación, lo que ha generado rechazo social y judicial. El experto advierte de que «imponer rápido trae problemas», señalando que no se puede prohibir la existencia de ciertos vehículos de la noche a la mañana sin un periodo de transición lógico. El objetivo original de las ZBE debería haber sido «restringir los tráficos privados generales y aumentar los desplazamientos colectivos», en lugar de centrarse únicamente en prohibir modelos de coche específicos.
Para que estas zonas sean verdaderamente útiles, deben integrarse en un paquete de medidas más amplio que incluya un transporte público robusto y mejores opciones para la movilidad a pie o en bicicleta. Ledesma subraya que, aunque las ZBE son eficaces para limpiar el aire, «por sí solas no siempre resuelven la congestión ni garantizan un gran trasvase modal». La clave reside en la distribución urbana de mercancías y en una regulación real del aparcamiento que incentive alternativas saludables.
El espejo de lo sucedido en Francia sirve como advertencia sobre el coste de dar marcha atrás sin un plan sólido. Reducir el alcance de las ZBE sin alternativas podría derivar en «peor calidad del aire, más coste sanitario y menos capacidad para cumplir los objetivos climáticos». El reto para los ayuntamientos españoles será encontrar un equilibrio entre la exigencia ambiental de Bruselas y una aplicación pedagógica que evite la «brusquedad» normativa que ha marcado los últimos años.