Es previsible que no se adopte ninguna medida drástica contra el ex mandatario de Podemos en su declaración del próximo lunes 16
Las comunicaciones entre ellos, especialmente las de Whatsaap, serán determinantes para el futuro judicial del político Íñigo Errejón, denunciado por la periodista Elisa Mouliaá por agresión sexual. La denuncia de Mouliaá, todavía no ratificada por ella ante el juez, tiene algunos peros.
No faltan juristas que recelan de lo realmente ocurrido aquella noche de fiesta de hace tres años y de la consistencia penal del contenido de la denuncia, ni tampoco quienes piensan que detrás de este asunto subyace la alargada mano de su otrora amigo Pablo Iglesias, ni de aquellos convencidos que en Errejón coexistían dos rostros, el público, y el oculto. Ellos no se perdonan supuestas traiciones.
Una lectura literal de la actual ley sobre el ataque sexual (la misma que el propio Errejón postuló y jaleó en el Congreso, la que establece que la mera declaración de la víctima debe considerarse prueba a efectos de castigo, sin más), conduciría a Errejón a la cárcel sin frenos.
Tanto poder tiene la palabra de la mujer em estos procesos, que ni siquiera serían necesarios testimonios incriminatorios (en este caso, sí lo serán) para llevarse por delante a Errejón; y si, además, el juez ve consistencia delictiva a los mensajes entre ambos.
Pero ahora, la palabra de la mujer/víctima es prueba sólida. ¿Y si esta se lo inventa? Hasta que no cambie la doctrina y la norma es a lo que hay… y a lo que se enfrenta Errejón.
Denuncias falsas
Aunque Errejón era de los que machacaba con el “no hay denuncias falsas” [las ha habido y las hay, por mucho que se refriegue el porcentaje del 0,0008%, irreal], si se le aplica al político esta nueva regla de tres normativa, la cárcel es su futuro a corto plazo.
Pero todavía, con lo que consta en la causa, es precipitado adoptar contra él una medida privativa de libertad. Previsiblemente Carretero no lo hará. Al menos de momento. No tomará ninguna medida seria contra su libertad. Los hechos datan de una noche de fiesta de septiembre de 2021. ¿Por qué ahora la denuncia y no hace tres años?
Esto, entre otros elementos, avalan la no adopción de medidas contundentes el día 16 próximo, lunes, cuando están citados ambos.
Ahora bien, si las comunicaciones que hay entre ambos, Errejón tiene las suyas, y las va a aportar, determinan que efectivamente hubo un abuso sexual, y esto lo certifican los testigos de la fiesta donde se inició el supuesto ataque, que continuó después en un apartamento tras subirse ambos normalmente a un taxi, entonces sí será el momento en que el juez se plantee, o no, alguna acción fulminante contra Errejón. De momento, descartado.
El juez Carretero, hijo del laureado jurista del mismo nombre que alcanzó una presidencia de Sala del Tribunal Supremo, y la presidencia del Tribunal de Cuentas en noviembre de 1990, seguro que prestará una atención especial a las comunicaciones posteriores a los hechos. Son clave.
No solo la denunciante Mouliaá tiene mensajes posteriores a los hechos, el ex diputado y mandatario de Podemos y Sumar, también. Es su escudo ante las acusaciones. Lo importante es que son posteriores a los hechos. Hay que analizar en ellos si hay reproches, el aparente tono de los mensajes, si de ellos se infiere que se mantuvo la amistad entre ambos, etcétera. A priori no se atisba ningún careo.
Para despejar algunas dudas, el juez los ha citado a ambos el próximo lunes 16. Ya no quiere más dilaciones al proceso, como las que ha pretendido Mouliaá al alegar el embarazo de su abogada. Se conjugaban dos derechos, el que asiste a un proceso sin dilaciones en perjuicio de una de las partes, y el derecho también fundamental de que un embarazo no menoscabe la actividad laboral de la mujer.
Interrogatorios
El día 16 comparecerán por separado para ser interrogados, y también para que se persone formalmente la abogada de la víctima, que en su momento no lo hizo formalmente, y por eso Carretero y la Fiscalía entienden, y el propio Errejón, que el proceso, que estaba congelado, debía proseguir. Ayer tomó el juez la decisión de descongelarlo. Empezarán a declarar los dos protagonistas y luego los testigos.
No se puede detener una instrucción judicial porque la abogada de la denunciante, Mouliaá, esté de baja por embarazo. Se le dará luz verde para que se incorpore a la causa a mediados de enero, cuando concluye su baja.
El juez le ha pedido que designe a otro letrado. Lo hace de acuerdo con la Fiscalía y la abogada del político, Eva Gimbernat, hija del prestigioso catedrático de Derecho de nombre Enrique. Enrique intervino como defensa en el juicio por la tragedia, cerca de 100 de muertos, que se cobró el incendio de la discoteca Alcalá 20 de Madrid hace justamente ahora 40 años, un 17 de diciembre de 1983.