A partir de 2026, cerca de 40.000 empleados públicos de la Comunidad de Madrid estarán sujetos a un sistema obligatorio de evaluación anual. La medida afectará a funcionarios, personal laboral y eventual de la Administración regional y sus organismos autónomos. El objetivo, según el Gobierno regional, es incentivar el talento y promover la excelencia en la atención al ciudadano.
La nueva normativa vincula los resultados de la evaluación a la carrera profesional, la movilidad interna y un complemento económico específico. Las valoraciones se harán cada año y tendrán consecuencias concretas. Por ejemplo, acumular tres o más calificaciones “insuficientes o inadecuadas” en cinco años podrá derivar en un procedimiento de cese o remoción del puesto, según corresponda, con todas las garantías legales.
El decreto, aprobado en Consejo de Gobierno y pendiente de publicación en el BOCM, se sustenta en un acuerdo alcanzado con sindicatos como CSIT-Unión Profesional, CCOO, CSIF y UGT. La Comunidad de Madrid asegura que el modelo profesionaliza la Administración y alinea incentivos con resultados concretos, según ha publicado Noticias Trabajo.
El sistema establece una carrera profesional horizontal con cinco niveles. El primer nivel se alcanza tras cinco años de permanencia en el puesto. Para ascender a los niveles superiores, se requiere permanencia de seis años por escalón, valoraciones positivas y otros méritos. Entre los criterios de progresión están el desempeño laboral, la formación recibida o impartida, el compromiso con el servicio público, la cobertura de puestos exigentes y el absentismo.
Cada nivel de la carrera conlleva un incentivo económico calculado como porcentaje del salario básico anual: desde un 10% en el nivel 1 hasta un 50% en el nivel 5. El complemento se abonará en 12 mensualidades, será anual y homogéneo para personal del mismo grupo profesional. En casos de jornada parcial, se percibirá de manera proporcional.
El sistema comenzará a aplicarse en 2026, y la primera solicitud de reconocimiento de nivel podrá presentarse en 2027. La Comunidad de Madrid subraya que la clave está en asegurar la objetividad y la transparencia. Se implementarán indicadores claros, órganos de evaluación y mecanismos de revisión. Además, se deberá gestionar el absentismo, la comparabilidad entre puestos heterogéneos y la formación de los evaluadores para que el sistema funcione y mejore el servicio al ciudadano.