El Supremo admite a trámite la querella de la pareja de Ayuso contra Montero

16 de diciembre de 2024
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La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión plenaria, a 12 de diciembre de 2024, en Madrid (España). (Foto de archivo). / Fuente: EP

La socialista considera “llamativo” que Ayuso “tenga un hermano y ahora un novio que parece que están relacionados con presuntas causas de fraude

La demanda civil interpuesta por Alberto González Amador, marido de la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso, en contra de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue admitida a trámite debido a una presunta infracción ilegítima de su derecho al honor en relación con unas declaraciones que hizo el 12 de marzo de 2018 en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

De esta manera se especifica en el documento judicial, del que EP informa después de acceder a él, donde los jueces de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo pronuncian sus declaraciones.

La reunión de conciliación se llevó a cabo tras la demanda de 40.000 euros presentada por González Amador por las declaraciones que la ministra emitió en las que pidió explicaciones a la presidenta de Madrid por vivir “en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública”, financiado con las comisiones vinculadas a las mascarillas en el contexto más desfavorable de la pandemia.

Montero también expresó que consideraba “llamativo” que Ayuso “tenga un hermano y ahora un novio que parece que están relacionados con presuntas causas de fraude, ya sea de mascarillas, de comisiones o de cualquier otra cuestión”. Además, señaló que “se lo tiene que hacer mirar” y le solicitó que brinde explicaciones “con normalidad”, dado que suele ser «tan rápida» en responder a las preguntas. “¿Por qué no responde a esta cuestión?”, insistió la socialista una vez más.

La vicepresidenta primera del Ejecutivo dio una respuesta a la información divulgada por elDiario.es en relación con la denuncia que la Fiscalía presentó contra la pareja de Ayuso por un fraude fiscal que sobrepasa los 350.000 euros, un caso que actualmente se encuentra bajo la investigación del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.

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