El Senado ha alcanzado un nuevo récord de gasto en desplazamientos de sus señorías durante el primer trimestre de 2026. La Cámara Alta destinó más de un millón de euros a cubrir viajes parlamentarios, políticos y oficiales de los senadores, una cifra inédita en la última década y que refleja el aumento de la actividad parlamentaria en esta legislatura.
Según los datos correspondientes a los tres primeros meses del año, el gasto total ascendió a 1.008.851,59 euros, lo que supone un incremento cercano al 7% respecto al mismo periodo del año anterior.
El aumento coincide con una intensa actividad en el Senado impulsada por la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta. Los populares han promovido hasta siete comisiones de investigación durante esta legislatura y también han incrementado el número de sesiones plenarias y reuniones parlamentarias.
Solo entre enero y marzo de este año se celebraron 24 sesiones vinculadas a distintas comisiones de investigación relacionadas con asuntos como el caso Koldo, la gestión del apagón, la dana, la SEPI o la situación de la red ferroviaria.
Además, el Senado habilitó el mes de enero, considerado habitualmente inhábil desde el punto de vista parlamentario, para continuar con la actividad política. Durante ese mes llegaron a convocarse plenos y comisiones hasta en siete jornadas diferentes.
Los gastos publicados por la Cámara incluyen los billetes de avión, tren, autobús o barco utilizados por los senadores para el ejercicio de su actividad parlamentaria, así como desplazamientos oficiales o de representación institucional. También se contabilizan costes de cancelaciones, cambios de billetes y reservas pendientes de uso.
A estas cantidades se suman otros conceptos asociados a la movilidad de los parlamentarios. El Senado facilita a los senadores una tarjeta taxi con un límite anual de 3.000 euros para desplazamientos en la Comunidad de Madrid. Asimismo, quienes utilizan vehículo propio reciben una compensación de 0,25 euros por kilómetro recorrido, además del abono de peajes cuando corresponde.
El incremento del gasto reabre el debate sobre el coste de la actividad parlamentaria y el uso de recursos públicos en las Cortes, especialmente en un contexto de creciente tensión política y proliferación de comisiones de investigación impulsadas por la oposición en el Senado.