El presidente del Senado recuerda al jefe del Ejecutivo que la Cámara puede exigir responsabilidades si no acude al pleno extraordinario sobre el accidente ferroviario de Adamuz
El choque institucional entre el Gobierno y la mayoría del PP en el Senado suma un nuevo capítulo. El presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, ha enviado una carta al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la que le avisa expresamente de que su ausencia en el pleno extraordinario convocado para este jueves podría acarrear “consecuencias jurídicas”.
En el escrito, Rollán recuerda que la comparecencia fue acordada formalmente por el Senado y subraya que no acudir “sin causa debidamente justificada y comunicada por los cauces oficiales” permitiría a la Cámara adoptar las medidas oportunas y exigir las responsabilidades que correspondan conforme a derecho.
La sesión fue impulsada por la mayoría absoluta del PP con un doble objetivo: que Sánchez dé explicaciones por el accidente ferroviario de Adamuz y que rinda cuentas sobre la situación del servicio de Rodalies. Los populares consideran que la gravedad de ambos asuntos exige la presencia directa del presidente del Gobierno.
Sin embargo, el Ejecutivo ha optado por delegar la comparecencia en el ministro de Transportes, Óscar Puente. Desde Moncloa sostienen que Sánchez ya ha solicitado intervenir en el Congreso el próximo 11 de febrero para abordar estas mismas cuestiones, por lo que consideran cubierta la rendición de cuentas parlamentaria.
El movimiento no ha convencido al Senado, donde el PP interpreta la decisión como un intento de esquivar el control de la Cámara Alta. De ahí el tono inusualmente duro de la misiva de Rollán, que deja constancia formal de la citación y de las posibles derivadas legales si finalmente el presidente no acude.
Más allá del debate técnico sobre competencias, el pulso tiene una clara lectura política: el Senado, con mayoría popular, aprieta para forzar explicaciones inmediatas, mientras el Gobierno trata de trasladar el foco al Congreso, donde cuenta con mayor margen. En medio, el accidente de Adamuz y el deterioro del servicio ferroviario siguen alimentando la presión pública para depurar responsabilidades.