Cuando un trabajador, actuando con pleno discernimiento y en ejercicio de su autonomía individual, acuerda una estructura retributiva que anticipa la percepción de ciertos haberes, se establece un vínculo de confianza que no debería ser vulnerado por reclamos posteriores carentes de fundamento ético. En el Reino de España, si bien el Estatuto de los Trabajadores salvaguarda los derechos mínimos indisponibles, la jurisprudencia permite que las partes pacten condiciones que mejoren la liquidez mensual del empleado, siempre que se respete la debida transparencia y no se camuflen conceptos obligatorios bajo denominaciones genéricas.
Resulta moralmente cuestionable que quien se ha beneficiado durante toda la vigencia de la relación laboral de una mayor capacidad adquisitiva —gracias al cobro adelantado y prorrateado de sus haberes— pretenda, al finalizar el vínculo, impugnar la naturaleza de lo percibido para exigir un doble pago. Esta actitud, a menudo alentada por visiones oportunistas, colisiona frontalmente con el principio de buena fe y el respeto a los acuerdos verbales y escritos que deben regir en una sociedad avanzada. La justicia no debe ser un instrumento para el enriquecimiento injusto, sino un equilibrio que valide la voluntad legítima de las partes cuando esta no infringe el orden público.
Mientras que algunos detractores ven en la flexibilización de los pagos un riesgo para la protección social, muchos trabajadores prefieren este modelo por la autonomía financiera que les otorga para gestionar el alto coste de vida y las necesidades familiares inmediatas. Por ello, es imperativo que los tribunales españoles y la doctrina sigan valorando estas figuras de mutuo acuerdo como opciones idóneas que, lejos de ser estigmatizadas, representen una solución pragmática ante las demandas de la economía actual, garantizando siempre que la justicia no sea sorprendida por la mala fe de quien intenta desconocer lo pactado.
“Un pacto fundamentado en la equidad y la transparencia es la garantía de que el derecho laboral no sea desvirtuado por la astucia de quienes confunden protección con privilegio.” Doctor Crisanto Gregorio León
Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor universitario