El expresidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, ha sido nombrado portavoz de la Comisión de Reglamento de Las Cortes Valencianas, lo que le permitirá recibir una asignación mensual extra de 634,27 euros, equivalente a unos 8.879,78 euros al año en bruto, según las tablas retributivas de diputados de 2024. Este nombramiento se registró justo un día antes de la toma de posesión de Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generaldtad. Mazón, no obstante, mantiene su acta de diputado en la cámara.
En la comisión de Reglamento, los populares informaron de la baja de Eduardo Dolón y del alta de Mazón, quien asume la portavocía del grupo. En paralelo, en la Comisión de Gobierno Interior, Juanfran Pérez Llorca deja su puesto, siendo sustituido por Nando Pastor, nuevo síndic del PP. También se producen cambios en la Diputación Permanente, donde Pérez Llorca y José Juan Zaplana intercambian posiciones de titular y suplente.
El nombramiento ha generado críticas del PSPV. El portavoz socialista, José Muñoz, expresó en redes sociales su desacuerdo y afirmó que Pérez Llorca, en lugar de exigirle a Mazón que deje su acta de diputado, lo “premia” asignándole un puesto con remuneración adicional. Según Muñoz, se trata de una “curiosa forma de pedir perdón a las víctimas de la dana” y reclamó que Llorca actúe con hechos: “Exija el acta a Carlos Mazón para que vaya a declarar ante la jueza”.
Compromís también ha mostrado su descontento. El síndic Joan Baldoví calificó de “vergüenza” el nombramiento, mientras que la portavoz adjunta, Aitana Mas, lo consideró “otra indecencia”. Para Mas, Mazón “no solo tuvo la cara dura de quedarse como diputado para no poder comparecer, para seguir blindado y aforado, sino que ahora además retuerce el reglamento para poder cobrar más siendo nombrado portavoz de una de las comisiones”.
Desde Compromís se critica que estas acciones van en detrimento de la política y del servicio a los ciudadanos. Según Mas, este tipo de decisiones refleja una actitud que no respeta “el compromiso y la honestidad que debe guiar a quienes ejercen la política por el beneficio de sus ciudadanos y no por el suyo propio”.