El PP pide cárcel para quienes manipulen imágenes y audios de menores o personas con discapacidad

Propone «un horario de descanso digital» para los menores de 16 años, de 22.00 a 8.00 horas, durante el cual las redes sociales no serán accesibles

El Grupo Popular ha presentado una enmienda parcial al proyecto de Ley Orgánica de protección de menores en entornos digitales para incluir un nuevo artículo 173 bis. Según el texto, se castigará con hasta tres años de cárcel la difusión, sin consentimiento y con intención de menoscabar “gravemente” la integridad moral, de imágenes o audios manipulados (deepfakes) con contenido sexual o “vejatorio” cuando la víctima sea menor o persona con discapacidad.

Además, el PP propone modificar el artículo 143 bis para sancionar a quienes, mediante tecnologías de la información, inciten al suicidio de menores o personas con discapacidad, con penas de dos a cuatro años de prisión y retirada o bloqueo de los contenidos. La iniciativa también aborda los riesgos asociados a los retos virales, modificando el artículo 156 ter, de manera que la difusión de contenidos que supongan grave riesgo para la salud o integridad física se castigará con multa de seis a 12 meses o prisión de uno a tres años.

En materia de acceso a redes sociales, los populares plantean que el Gobierno regule en un plazo de seis meses los mecanismos necesarios para impedir el acceso de menores de 14 años, implementando sistemas eficaces de verificación de edad. Según la enmienda, “los menores de entre 14 y 16 años podrán acceder a las redes sociales únicamente con el consentimiento expreso y verificable de sus progenitores, tutores o representantes legales”.

Descanso digital

La propuesta incluye también medidas de “descanso digital” para los menores de 16 años, limitando el uso de redes sociales entre las 22:00 y las 08:00 horas, con el objetivo de proteger su bienestar y salud mental. Estas restricciones buscan controlar el tiempo de exposición y fomentar hábitos de uso responsable de las plataformas digitales.

Finalmente, el PP defiende la prohibición de acceso o comunicación a través de redes sociales, foros o plataformas virtuales cuando exista una relación directa con un delito cometido, reforzando así la protección de los menores y personas con discapacidad frente a riesgos en línea y comportamientos delictivos.