El Gobierno no logra frenar la polémica por los fallos de las pulseras antimaltrato y el PP lleva la denuncia a Europa

Lo que supone un fallo en «la protección a las víctimas de violencia de género y delitos sexuales», según la eurodiputada del PP

El PSOE y el Gobierno no logran rebajar la polémica por los fallos en el funcionamiento de las pulseras antimaltrato, un asunto que domina la agenda política y ha roto la estrategia socialista para remontar tras las vacaciones de verano.

La eurodiputada del Partido Popular Rosa Estarás ha elevado a la Comisión Europea una pregunta parlamentaria por los «graves fallos sufridos» en el sistema de pulseras antimaltrato en España. Según denuncia, los problemas se han prolongado durante al menos ocho meses tras el cambio de empresa adjudicataria del servicio.

El PP asegura que diversos juzgados recibieron «notificaciones oficiales de que no era posible instalar nuevos dispositivos ni sustituir los defectuosos, lo que dejó a numerosas víctimas en situación de riesgo». Añaden que la propia Fiscalía reconoció esta situación, lo que ocasionó «sobreseimientos provisionales y absoluciones de maltratadores».

Expresó Estarás:

«Las víctimas no pueden quedar desprotegidas por negligencia en la gestión de un contrato público. El Gobierno socialista debe dar explicaciones y la Comisión Europea debe valorar si procede a abrir un procedimiento de infracción ante la indefensión de las víctimas y la vulneración de sus obligaciones respecto al derecho comunitario»

La eurodiputada también afirmó que se permitió que «durante ocho meses las pulseras de control antimaltrato no funcionaran correctamente», lo que supuso un fallo en «la protección a las víctimas de violencia de género y delitos sexuales».

Según recoge Europa Press, Estarás afirma que España podría haber vulnerado hasta cuatro normas comunitarias. Entre ellas, las directivas que obligan a garantizar medidas de protección efectivas a las víctimas de delitos, la relativa a la Orden Europea de Protección (OEP), la norma sobre contratación pública por no asegurar la continuidad de un servicio esencial y la directiva que regula la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, actualmente en fase de trasposición.

Además, el PP advierte de que, si las pulseras estaban vinculadas a órdenes de alejamiento u otras medidas cautelares:

«La incapacidad del sistema para garantizar el seguimiento real del agresor podría haber dejado sin efecto práctica la protección transfronteriza que garantiza la Orden Europea de Protección (OEP)»

Por último, los populares sostienen que esta situación erosiona «la confianza mutua entre los socios europeos», un principio que califican como «esencial» dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia recogido en el artículo 67 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.