Los de Núñez Feijóo muestran su interés por conocer el “progresismo migratorio” que Sánchez pretende aplicar en Cataluña
El PP ha cargado este miércoles contra el PSOE por la reunión que va a mantener con Junts en el Congreso, en la que los socialistas “rendirán cuentas” al partido independentista “en nombre del Gobierno” y en la sede de la soberanía nacional, según lamentan los ‘populares’.
La reunión, que tendrá lugar hoy en la Cámara Baja, será entre el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull.
“Esta reunión es la preparatoria de la ya anunciada entre Sánchez, Puigdemont y el mediador salvadoreño experto en guerrillas. Estaremos muy pendientes”, han censurado fuentes del PP, que han insistido en reclamar a PSOE y Junts que realicen una comparecencia conjunta para explicar sus acuerdos.
Fuentes del PP han criticado que el dirigente socialista acude a la reunión para “aclarar” a su socio de investidura las competencias que va a transferir el Gobierno a Cataluña en materia de inmigración y que Turull le dirá al ‘número tres’ del PSOE “qué hará con ellas en materia de fronteras y de control de inmigrantes”.
“Progresismo migratorio”
Desde el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo han mostrado su interés por conocer el “progresismo migratorio” que el PSOE y Sumar, partidos que conforman el Gobierno, defienden aplicar en Cataluña.
Las mismas fuentes ‘populares’ han indicado que el PSOE también tiene que comunicar a Junts si apoyarán o no las enmiendas del partido de Carles Puigdemont a la ley de amnistía, criticando que de salir adelante supondrían amnistiar a Laura Borrás, al abogado del expresidente catalán y a los hijos de Jordi Pujol, así como los delitos de terrorismo relacionados con el ‘procés’, “pero no a los policías que intentaban controlar las calles”.
El PP ha advertido que las enmiendas presentadas por Junts marcarían el paso a los jueces españoles, limitarían el efecto suspensivo de la acción de los tribunales nacionales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y obligarían a España a devolver el dinero de las multas impuestas a los infractores del ‘procés’. En resumidas cuentas, “impondría una década de impunidad judicial en Cataluña”, han subrayado las fuentes.