Hoy: 4 de febrero de 2025
Francisco César García Magán recalca la seriedad del problema y su dimensión social
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha condenado de manera contundente la cifra de alrededor de mil casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia. Esta valoración surge tras el análisis de informes del Defensor del Pueblo, del despacho Cremades & Calvo-Sotelo y de la propia Iglesia. García Magán destaca que, si bien el problema es social, adquiere una gravedad adicional en el ámbito religioso.
García Magán subraya que el informe Cremades «no es el informe de la Iglesia sino que es una herramienta para la Iglesia», según Europa Press. El documento recoge 1.383 denuncias de abusos desde principios del siglo XX, aunque los obispos estiman que los casos no superan los mil. La cifra, según el portavoz, es lamentable y execrable, pero resalta que no buscan entrar en una «guerra de números».
El secretario general de los obispos enfatizó que los abusos sexuales a menores son un problema social, pero reconocen un «plus de gravedad» en el ámbito religioso. García Magán explica que este ámbito exige una mayor coherencia de vida y ejemplaridad.
El informe Cremades como parte de un proceso continuo
García Magán aclara que el informe Cremades no marca un punto final, sino que representa una etapa en el trabajo de la Iglesia contra los abusos. Se comprometen a analizar los datos proporcionados y a integrarlos en su labor. Además, destaca que el informe no es exclusivo de la Iglesia, sino una herramienta solicitada y financiada por ellos.
A pesar de la disparidad en las cifras de casos registrados, el secretario general de los obispos descarta entrar en disputas numéricas. Insiste en que la gravedad del problema no se reduce por tener cien casos más o menos y enfatiza la importancia de centrarse en cada caso, escuchar, acoger, reparar y prevenir.
Compromiso total con la erradicación de los abusos
García Magán destaca el compromiso de la Iglesia en erradicar la lacra de los abusos, pero subraya la necesidad de la implicación de toda la sociedad, incluida la propia Iglesia. Pone a disposición de otras instituciones, confesiones y organismos el trabajo realizado hasta el momento y enfatiza la disposición de colaborar con la autoridad judicial.
