De ser elegida una magistrada, sería la primera mujer en ocupar el cargo
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) votará este martes para elegir a su próximo presidente entre siete candidatos, compuestos por cinco magistradas y dos magistrados del Tribunal Supremo. Fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que hay tres favoritos: Pilar Teso, una progresista moderada que ya fue candidata en 2013; Pablo Lucas, también un progresista moderado propuesto por el sector conservador, y encargado del control judicial al CNI; y Ana Ferrer, progresista, quien formó parte del tribunal del ‘procés’.
Las mismas fuentes explican que, aunque los tres son considerados del sector progresista, Lucas y Teso tienen un perfil moderado y cuentan con el apoyo de algunos miembros del ala conservadora. Algunos sugieren que la candidatura de Teso, que ha sido considerada en el pasado por el Gobierno para presidir el CGPJ, podría jugar en su contra en esta ocasión; no obstante, otros sostienen que sigue siendo una fuerte contendiente para liderar el órgano.
El pasado junio, Teso presentó un voto particular en el que defendía que debía haberse desestimado el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática al entender que su cargo no es incompatible con la actividad profesional de su pareja.
En el caso de Lucas, dichas fuentes subrayan que ha sido propuesto por los propios vocales conservadores. Lo califican como un magistrado “que en el Supremo todo el mundo quiere” por su talante conciliador, que además ha sido candidato al Tribunal Constitucional. Recientemente, fue ponente de la sentencia que anuló el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado.
Lucas y Teso, ambos magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, participaron en el tribunal que en 2019 avaló por unanimidad la exhumación del cadáver de Francisco Franco.
Aunque Ferrer está en la terna, hay quienes inciden en que también sonó como candidata del Gobierno en el pasado, ante posibles renovaciones del CGPJ que no llegaron a materializarse. Las fuentes consultadas consideran que ello podría no favorecerle en esta ocasión, que se busca que el presidente nazca de la voluntad de los propios vocales y no de los partidos que negociaron la renovación.
A principios de julio, Ferrer redactó un voto particular en el que se mostró a favor de amnistiar la malversación al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y al resto de condenados del ‘procés’. En 2022, dictó un voto particular contra la sentencia que confirmó las condenas de los ‘ERE’ al considerar que se debió absolver al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán.
Los otro cuatro candidatos
Teso, Lucas y Ferrer suenan con fuerza frente a los otros cuatro candidatos, todos magistrados ubicados en el sector conservador: Ángeles Huet –propuesta por el bloque progresista–, Antonio del Moral, Carmen Lamela y Esperanza Córdoba.
Los siete fueron propuestos el pasado jueves por los 20 nuevos vocales del CGPJ en el marco del Pleno de constitución del órgano de gobierno de los jueces, que tenía pendiente su renovación desde diciembre de 2018.
Huet es magistrada de la Sala Tercera del Supremo desde febrero de 2020. Votó a favor de rechazar los recursos que se presentaron contra los indultos que concedió el Gobierno a los condenados del ‘procés’. Las fuentes consultadas apuntan que, a pesar de ser de sensibilidad conservadora, no termina de convencer a los vocales de este sector.
Respecto a Del Moral y Lamela, las mismas fuentes inciden en que “nadie puede dudar” de su amplio currículo. Otras voces, sin embargo, señalan que el hecho de que ninguno tenga experiencia gubernativa puede pesar en su contra.
Del Moral es magistrado de la Sala de lo Penal Supremo desde abril de 2012 y fue uno de los integrantes del tribunal que juzgó el procés. También fue ponente de la sentencia que condenó en firme al exduque de Palma Iñaki Urdangarin o de la que rebajó la condena de inhabilitación al expresidente catalán Artur Mas por el 9-N.
Lamela es magistrada de la misma Sala Segunda desde septiembre de 2018. Fue la instructora del procés en la Audiencia Nacional antes de que el asunto recayera en el Supremo. También estuvo a cargo de la investigación contra el mayor de los Mossos D’Esquadra Josep Lluís Trapero y el expresidente del Barcelona F.C. Sandro Rosell.
Córdoba es magistrada de la Sala Tercera del Supremo desde febrero de 2020. Las fuentes consultadas subrayan que ha estado vinculada a la carrera desde siempre, que conoce el CGPJ por dentro, que no pertenece a ninguna asociación de jueces y que es capaz de conciliar grandes acuerdos y consensos. No obstante, hay quienes consideran que no reuniría los apoyos necesarios.
Fin a la bicefalia del poder judicial
Con la votación de este martes, el CGPJ pondrá fin a la bicefalia que en 2022 se produjo con la dimisión de Carlos Lesmes, después de que la presidencia del órgano del gobierno de los jueces y la del Tribunal Supremo se separaran por primera vez y quedaran en manos de dos personas diferentes porque los vocales se negaron a aceptar a Francisco Marín Castán –entonces vicepresidente interino del TS– como su nuevo jefe.
La elección de un nuevo presidente acabará con esta anomalía y el cargo de presidente del CGPJ –hasta ahora encarnado por Vicente Guilarte– y el del presidente del Supremo – con Marín Castán– confluirán de nuevo en una sola persona.
De resultar electa una magistrada, sería la primera mujer en ocupar el cargo en la historia. La persona elegida deberá recabar los apoyos de una mayoría de tres quintos, es decir, 12 de los 20 vocales –10 elegidos por el PSOE y 10 por el PP–.