El Poder Judicial da luz verde al informe que encarga a los fiscales la investigación penal

El anteproyecto de ley será sometido a debate en el Congreso de los Diputados, donde se espera que genere un intenso debate entre las formaciones políticas y los operadores jurídicos

El Poder Judicial, a través de su Pleno del Consejo General (CGPJ), ha aprobado por unanimidad el informe sobre el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), marcando un hito en el sistema penal español.

Esta reforma, considerada la más ambiciosa en la historia del proceso penal en el país, propone transferir la instrucción de los casos de los jueces a los fiscales, un cambio estructural que busca modernizar y agilizar la justicia penal.

El CGPJ informó que la aprobación del informe fue por asentimiento, aunque contó con la ausencia de la vocal progresista Inés Herreros, quien se abstuvo de participar debido a su implicación previa en la elaboración del informe del Consejo Fiscal sobre este mismo tema.

El texto aprobado fue inicialmente elaborado por el anterior Consejo, que lo dejó listo en junio de este año. La actual composición del CGPJ optó por mantener el informe original, justificando que su relevancia y complejidad hacían innecesario redactar uno nuevo. Sin embargo, sí se incorporó un anexo con actualizaciones y correcciones formales relacionadas con reformas legislativas recientes. Según fuentes del CGPJ, estos ajustes no modifican sustancialmente el contenido del documento.

Los principales cambios de la reforma

El aspecto central de esta reforma es la transferencia de la fase de instrucción a los fiscales, quienes asumirán el liderazgo en la investigación de los casos penales. Hasta ahora, esta labor era responsabilidad de los jueces de instrucción, un modelo que había sido criticado por ser menos eficiente y por carecer de un marco más coherente con los sistemas penales europeos.

Con este cambio, el nuevo procedimiento busca:

1. Mayor especialización y celeridad en las investigaciones penales.
2. Refuerzo de las garantías procesales, dado que los jueces se limitarán a supervisar la legalidad de las actuaciones y resolver cuestiones de fondo.
3. Adaptación a estándares europeos, en línea con las recomendaciones internacionales que sugieren que los fiscales lideren las investigaciones penales.

Aunque el informe fue aprobado por unanimidad, el CGPJ ha planteado algunos puntos de interés que podrían requerir ajustes durante la tramitación parlamentaria. Entre las observaciones realizadas, destaca la necesidad de garantizar la autonomía e independencia del Ministerio Fiscal en su nuevo rol como investigador principal.

Además, se subraya la importancia de contar con los recursos humanos y tecnológicos adecuados para asumir estas nuevas competencias sin comprometer la eficiencia del sistema judicial.

Próximos pasos

El anteproyecto de ley, ahora avalado por el CGPJ, será sometido a debate en el Congreso de los Diputados, donde se espera que genere un intenso debate entre las formaciones políticas y los operadores jurídicos. Si bien la reforma ha sido bien recibida en general, la discusión sobre cómo garantizar la independencia de los fiscales y el diseño de los mecanismos de supervisión judicial promete estar en el centro del debate.

Con esta iniciativa, España da un paso más hacia la modernización de su sistema penal, alineándose con los modelos europeos y buscando mejorar la eficacia y transparencia en la justicia. Sin embargo, el éxito de la reforma dependerá en gran medida de su implementación efectiva y de los recursos que se destinen para hacerla realidad.