La sala de Recursos de la Sala Segunda celebrará una vista donde estarán Vox como acusación popular a favor de no aplicarle la amnistía mientras la defensa del expresidente, la abogacía del Estado y la Fiscalía apoyarán su derecho a ser amnistiado. Será la primera vez que en una audiencia judicial se debate la ley de amnistía
¿Sabían ustedes que el expresident Carles Puigdemont no ha podido todavía elevar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) contra la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de denegarle el derecho a ser beneficiario de la ley de amnistía?
¿Por qué? Porque ese recurso solo se puede presentar una vez que sea agotada la vía del tribunal que le ha denegado la amnistía, esto es, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que ha decidido que no se la aplica. Desde julio pasado, Puigdemont ha presentado recursos ante el juez instructor Pablo Llarena -uno de reforma- que el juez ha desestimado en septiembre pasado y otro de apelación ese mismo mes, inmediatamente después de que Llarena confirmara la denegación.
Este recurso de apelación está pendiente. Pero antes de resolver, la Sala de Recursos que tramita la apelación tiene que convocar una vista o audiencia de las partes para escuchar sus argumentos. ¿Por qué? La causa del procés se tramita por sumario ordinario habida cuenta que los delitos que se persiguen contemplan penas superiores a nueve años de prisión. Por tanto, la audiencia o vista es preceptiva.
Según ha indagado El Periódico, la Sala de Recursos de este recurso de apelación está formada por el magistrado Vicente Magro y los magistrados Eduardo Porres y Susana Polo. Una vez que la citada sala resuelva la convocatoria de la vista designará ponente.
La Sala ya ha hecho los emplazamientos la semana pasada para su personación a la defensa de Puigdemont y a la acusación popular de Vox. Pero también estarán presentes en la vista la abogacía del Estado y la Fiscalía del Supremo.
La vista tiene relevancia aunque más no sea por tres circunstancias. La primera es que no ha habido nunca desde la publicación de la ley orgánica 1/2024 de la ley de amnistía en el BOE, el 10 de junio de 2024, una audiencia (vista) en la que se debatiera la ley de amnistía. La segunda es que la Sala Segunda decidió no aplicarla y esa posición no se ha sometido hasta ahora a debate en vista. Y tercero, por los contendientes.
A diferencia del juicio del procés, donde la acusación popular de Vox se sentaba junto a la abogacía del Estado y la Fiscalía del Supremo en contra de los líderes independentistas acusados, en la vista que va a tener lugar, previsiblemente, en enero próximo, Vox será la única defensora de que se aplique a Puigdemont la ley de amnistía. Tanto la abogacía del Estado como la Fiscalía del Supremo han defendido todos estos meses que la Sala Segunda debía ceñirse a la voluntad del legislador, reflejada en el preámbulo de la ley, y que expresaba el objetivo de amnistiar todos los delitos relacionados con la convocatoria del referéndum del 1 de octubre de 2017. Sin excepción. La Fiscalía, incluso, ante la inaplicación de la amnistía a la inhabilitación de Oriol Junqueras se ha pronunciado por un indulto como vía para sortear la oposición de la Sala Segunda.
La Sala de Recursos a cargo de la apelación de Puigdemont será presidida por el magistrado Vicente Magro Servet, el más antiguo de dicha sala, que integrarán Eduardo Porres y Susana Polo.
Se da la circunstancia que Magro (Alicante, 1960) ha sido senador por la provincia de Alicante del Partido Popular en la VI legislatura (3 de marzo de 1996-25 de septiembre de 1997) y secretario primero de la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Fue presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, magistrado en la Audiencia Provincial de Madrid y delegado de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación conservadora, en 1988-1996 Desde enero de 2018 es magistrado de la Sala Segunda del Supremo.
En 2017, Magro formó parte de la Sala de la Audiencia de Madrid que admitió a trámite la denuncia de la Asociación de Defensa de Valle de los Caídos contra el Gran Wyoming (José Miguel Monzón) a raíz de un comentario de humor que fue calificado como un “delito contra los sentimientos religiosos”.
El magistrado Eduardo de Porres (Madrid, 1957) es magistrado de la Sala Segunda desde septiembre de 2018. El digital Fuentes Informadas, en una noticia firmada por José Antonio Hernández, informó que tanto el hijo del magistrado como su esposa eran militantes del Partido Popular. Su hijo, concretamente, ocupó el puesto 17 del PP en comicios municipales y fue nombrado asesor técnico del alcalde.
Porres fue ponente en la sentencia de los ERE de Andalucía, por los delitos de prevaricación y malversación a los expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán por tres votos contra dos.
La magistrada Susana Polo es magistrada de la Sala Segunda del Supremo desde septiembre de 2018. adhirió al voto particular de Ana Ferrer contra la condena por malversación de Griñán, en septiembre de 2022, en el caso de los ERE.
La vista de apelación de Puigdemont se celebrará previsiblemente en enero próximo. Aun reverberan en la Sala Segunda los dos votos particulares de la magistrada Ana Ferrer -candidata a presidir la Sala Segunda del Supremo tras dejar la presidencia Manuel Marchena-, y habrá que ver si la magistrada Susana Polo, miembro del tribunal de apelación, por ejemplo, adhiere a las posiciones de Ferrer contra la inaplicación de la amnistía al delito de malversación.