Hoy: 23 de noviembre de 2024
El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo ha elevado la investigación al Tribunal Supremo, solicitando que se investigue al exministro José Luis Ábalos por su presunta participación en un entramado de corrupción relacionado con la adjudicación de contratos públicos.
En la exposición remitida, el juez afirma que hay “indicios fundados” de que Ábalos habría formado parte de una organización criminal liderada por el empresario Víctor de Aldama para obtener contratos con la administración, incluyendo suministros de mascarillas.
Según el juez, Ábalos podría haber cometido varios delitos, incluyendo tráfico de influencias y cohecho. Se menciona su intervención en la adjudicación de contratos a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, así como su disfrute de bienes inmuebles como pago por su mediación en los contratos. Se destaca que Ábalos habría utilizado un chalet y una vivienda en Madrid proporcionados por personas cercanas a Aldama, lo que constituiría una forma de retribución.
La investigación ha revelado que Víctor de Aldama pagaba a Koldo García, asesor de Ábalos, 10.000 euros mensuales para asegurar su influencia en las adjudicaciones de contratos públicos. El juez señala que esos pagos regulares eran complementados por beneficios extraordinarios para Ábalos, como la compra del chalet en La Alcaidesa. El magistrado describe cómo estos pagos permitían a Aldama mantener su acceso privilegiado tanto a Koldo como a Ábalos.
El juez también destaca que la trama no se limitó a la adjudicación de contratos de mascarillas, sino que perduró en el tiempo. Incluso tras la salida de Ábalos del Ministerio de Transportes en 2021, Aldama continuó realizando pagos a Koldo hasta septiembre de 2022. Se ha acreditado que Koldo recurría a Ábalos en diciembre de 2023 y enero de 2024 para intervenir en favor de la empresa Soluciones de Gestión ante la Administración balear.
Además de los contratos de material sanitario, el juez menciona la implicación de Ábalos en el rescate de Air Europa. Según la resolución, Ábalos habría influido en las negociaciones para salvar a la aerolínea a través de su relación con altos cargos del Gobierno y empresarios como Javier Hidalgo. El juez concluye que las pruebas recabadas, incluidas conversaciones telefónicas y correos electrónicos, sugieren que Ábalos jugó un papel clave en la concesión del rescate a la aerolínea.
Finalmente, el juez recuerda que el Tribunal Supremo es competente para investigar a Ábalos, dado su estatus de aforado como diputado. De aceptar la causa, el Supremo podría decidir investigar exclusivamente al exministro, devolviendo el resto de la trama al juez de la Audiencia Nacional.