El juez Juan Carlos Peinado tiene previsto interrogar este miércoles, a las 12.00 horas, a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. La cita está relacionada con la presunta malversación que se le atribuye en la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Esta última declarará una hora antes, a las 11.00.
Será la cuarta vez que Gómez comparezca ante el instructor, aunque en las anteriores ocasiones lo hizo por otras ramas de la investigación. En las dos primeras se acogió a su derecho a no declarar. En la tercera contestó solo a su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho.
Por motivos de seguridad, en todas sus comparecencias la esposa de Pedro Sánchez accedió en coche oficial por el garaje de los juzgados, evitando la entrada general con autorización de la juez decana de Madrid. Se prevé que este miércoles se repita el mismo protocolo.
La citación de Gómez y Álvarez se produce después de que, el pasado 3 de septiembre, el juez pidiera a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analizara los correos electrónicos enviados y recibidos por Gómez en su cuenta oficial en Presidencia desde el nombramiento de su asesora en julio de 2018 “hasta la fecha”.
De igual modo, reclamó a Presidencia el nombre completo de quienes han ejercido como secretario general desde que se designó a Álvarez como eventual. También pidió identificar a las personas que “han venido autorizando, aprobando y/o ordenando el pago de las retribuciones percibidas desde el nombramiento hasta el día de la fecha”.
La defensa de Gómez ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que anule la orden de Peinado y evite que la UCO analice siete años de correos electrónicos. Considera que la decisión del juez “carece de cualquier motivación” y no delimita el material a examinar, lo que supondría una vulneración de derechos.
Señala su abogado en el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press:
«La providencia que se recurre no contiene ninguna consideración sobre el alcance de la investigación sobre una cuenta de correo electrónico que (…) puede guardar datos, fotografías, documentos que delimitan un ámbito que forma parte de los aspectos más íntimos de la personalidad»
El letrado ha recurrido también la imputación de Gómez por malversación. Precisa que acude a la Audiencia de Madrid no para evitar la citación de este miércoles, porque es consciente de que no habrá resolución a tiempo; sino para dejar constancia de que “nada justifica esta nueva declaración que se acuerda tras la múltiples veces en las que ha sido citada a efecto de declarar en esta causa”.
El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ya había empezado a indagar en la presunta malversación vinculada al nombramiento de Álvarez, aunque hasta el 18 de agosto no imputó dicho delito ni a Gómez ni a su asesora. El pasado mayo, incluso, descartó investigar a ambas por malversación al considerar que no tenían responsabilidad en el nombramiento.
En esta rama de la causa solo figuraba como investigado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que fue secretario general de Presidencia en julio de 2021. En su declaración como imputado en mayo negó cualquier vinculación con el nombramiento.
Hasta que Peinado amplió el procedimiento en agosto, Gómez figuraba como investigada por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
La investigación se abrió en abril de 2024 a raíz de una denuncia de Manos Limpias, que acusaba a Gómez de aprovechar su condición de esposa del presidente para recomendar a empresarios, como el investigado Juan Carlos Barrabés, en licitaciones públicas.
A partir de ahí, el juez ha ido sumando nuevas líneas de investigación, en parte por querellas de Hazte Oír y Vox. Estas se centran en supuestas irregularidades en el registro del software de una cátedra de la Universidad Complutense que dirigía Gómez y en el contrato de su asesora en Moncloa.
La defensa de Álvarez también ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que corrija la imputación por malversación. En un recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, insiste en que no se le puede atribuir este delito por haber enviado correos en calidad de asesora de Gómez. Ha alegado:
«¿O existe malversación cuando un funcionario de un órgano judicial realiza o recibe una llamada personal en la secretaría del Juzgado, hace un favor personal a otro miembro de la oficina judicial, o transmite a alguien un recado de parte de otro? Si esto fuera punible, tendríamos motivos para incoar una buena macrocausa»
Su defensa recalca que con esta imputación Peinado “desobedece (otra vez) a la Audiencia Provincial”, que “negó de manera expresa y tajante” que Álvarez “haya podido cometer el delito de malversación que ahora se le atribuye”. Añade que el juez “contradice” su propia postura, ya que en mayo descartó investigar tanto a Gómez como a Álvarez por malversación el mismo día que imputó ese delito al delegado del Gobierno en Madrid por los mismos hechos.