El juez Juan Carlos Peinado ha dictado un auto en el que cita como investigadas a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y a su asistente Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación. Según la resolución, Álvarez deberá comparecer el 10 de septiembre y Gómez el 11 de septiembre. El magistrado investiga desde enero si la asesora se extralimitó en sus funciones al enviar dos correos en nombre de Gómez, lo que podría implicar un uso indebido de recursos públicos.
La investigación se apoya en la decisión de la Audiencia de Madrid, que en junio avaló esta línea de trabajo, considerando que existían indicios de una posible desviación de funciones. Gómez ya figuraba como imputada en el caso por tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida, y ahora deberá responder también por este nuevo delito.
En su auto, Peinado recuerda que la Audiencia Provincial instó a que las pesquisas se centraran en si hubo un exceso en las funciones encomendadas a la asistente, con el fin de favorecer presuntamente a Gómez en relación con el delito de tráfico de influencias. Los magistrados de la instancia superior advirtieron sobre la posibilidad de una “clara y palmaria desviación de las labores de un funcionario público” en beneficio de intereses privados.
El juez ha señalado como indicio principal los dos correos electrónicos enviados en noviembre de 2021 por Álvarez a directivas de la aseguradora Reale, que financiaba la cátedra que dirigía Gómez en la Universidad Complutense. Los mensajes estaban vinculados a un evento en el que iba a participar la esposa del presidente. Por otro lado, el Tribunal Supremo rechazó en julio la petición de Peinado de imputar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, acusando al juez de actuar con “absoluta ausencia de pruebas”.
La querella que da origen a esta nueva línea de investigación fue presentada en diciembre de 2023 por Vox, que sostuvo que el simple envío de esos correos constituía delito de malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Sin embargo, su intento de ampliar la causa hacia miembros del Gobierno fue frenado por el Supremo, que reprochó a Peinado la falta de base jurídica suficiente.
Actualmente, la acusación popular está liderada por la organización ultracatólica HazteOir, que ha tomado el relevo de Vox en la causa. De esta forma, el procedimiento judicial contra la esposa del presidente del Gobierno suma un nuevo frente, con una citación judicial que la situará, por primera vez, declarando directamente por un presunto delito de malversación.