Suárez Robledano anunciará el 30 de septiembre si admite, o no, la estratagema jurídica con la que la mujer de Sánchez trata de deshacerse del juez que la investiga por corrupción
El juez de la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Madrid al que ha correspondido la ponencia para la admisión, o no, de la querella que ha interpuesto la imputada Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, contra el juez Juan Carlos Peinado, que la investiga por corrupción y trafico de influencias, se llama José Manuel Suárez Robledano.
Aunque medios cercanos al sanchismo están resaltando de él que fue nombrado consejero del Tribunal de Cuentas en la pasada legislatura a propuesta del PP, lo cierto es que este magistrado -que ahora está de vuelta en la Sala de lo Penal del Superior de Madrid tras su paso por el órgano fiscalizador- fue el artífice de que el núcleo central del caso Gürtel no acabara en agua de borrajas.
Fue él, y también el entonces juez instructor Antonio Pedreira, ya fallecido, los que evitaron que prosperasen las enormes presiones que llegaron al tribunal desde la sede del PP en Génova para que se diese cerrojazo al asunto.
Fundamentalmente gracias a él, el mayor escándalo de corrupción que ha afectado al PP desde la transición, no fue archivado. Y más de un disgusto le costó su firme oposición al respecto con algunos de sus colegas de la Sala de lo Penal del Superior de Madrid, entonces presidido por el magistrado Francisco Vieira, que era partidario de anular buena parte de la causa al entenderla contaminada por las conversaciones.
Este asunto de las conversaciones en la cárcel fue el que posteriormente le costó el cargo de juez a Garzón, por haber permitido esas escuchas. Vieira quería anular esas conversaciones y todo lo que hubiera en el sumario derivado de las mismas.
Sin Suárez Robledano, pese a que algunos medios vinculan su nombre con el PP por el hecho de que fue este partido el que le propuso para consejero del Tribunal de Cuentas, el caso Gürtel dormiría hoy en el limbo de la nada, ni nunca habrían ido posteriormente a prisión bajo fuertes condenas destacados altos cargos del PP.
“De lo que claramente se infiere”, señalan fuentes judiciales, “el falso estigma que se le trata de imponer ahora a Suárez Robledano como juez cercano al PP”.
“Al contrario, es un magistrado muy solvente y culto, que tiene demostrado que sabe desligar perfectamente las ideologías de la aplicación del Derecho, además de una persona nada influenciable y con criterio, que actúa en conciencia y al margen de ideologías”, agregan estos medios. “Y en el tema de la querella de Begoña Gómez, hará lo que en Derecho proceda”, zanjan.
Si no fuera por las singulares connotaciones del caso Begoña Gómez, una querella como la interpuesta por la esposa de Pedro Sánchez contra el magistrado de la plaza de Castilla Juan Carlos Peinado, que la investiga por corrupción, ni siquiera resistiría un debate jurídico mínimamente riguroso. En los términos y con el contenido que ella la interpuesto, “estaría abocada a su archivo o sobreseimiento casi inmediato”, asegura un juez de la plaza de Castilla.
Y ni siquiera, según estos medios, se habría señalado para dentro de casi dos meses, el próximo 30 de septiembre, la resolución de este caso. Se habría sobreseído la querella casi sobre la marcha, como de hecho sucede con prácticamente todas las que los justiciables interponen eventualmente contra los jueces que les investigan.
Lo que buscan Begoña Gómez y su abogado, el exfiscal y exministro socialista de Zapatero Antonio Camacho, es forzar una admisión a trámite de la querella en el Superior de Madrid porque quieren quitarse de en medio como sea al juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado 41 de Madrid, el que investiga los negocios de Begoña Gómez y las millonarias subvenciones otorgadas por el Gobierno de Sánchez al socio de su esposa Carlos Barrabés.
Y también Peinado es el juez que indaga la extraña cátedra sobre sostenibilidad que le otorgó a Begoña Gómez la Universidad Complutense de Madrid pese a que esta no está licenciada en nada ni tiene carrera universitaria alguna. Begoña Gómez fue durante muchos años la contable de las saunas gais que su padre, Sabiniano Gómez, explotaba en Madrid. No pasó por la universidad.
Contra el derecho al juez natural
Permitir por la vía de una querella que los usuarios de la justicia puedan quitarse de encima al juez que les investiga sería abrir una espita muy peligrosa y trascendente. Rompería el principio del juez natural, que es al que, de acuerdo con la ley, le toca investigar por reparto un asunto determinado. Los jueces no eligen los asuntos. Les tocan por el turno de reparto. Este es el caso del juez Peinado.
Al juez Peinado le tocó por turno de reparto la denuncia que interpuso el sindicato Manos Limpias contra Begoña Gómez, y por eso es el instructor del caso. El no ha buscado llevarlo. Este es el principio del juez natural determinado por ley, la que regula el reparto de asuntos.
La cuestión es que a Begoña Gómez, ni a su marido el presidente, al que tomó declaración como testigo en el palacio de La Moncloa cuando él pedía hacerlo por escrito para evitar que su testimonio quedase grabado en un vídeo, como sucede con el resto de justiciables, le han gustado las resoluciones que está adoptado Peinado, y por eso quieren quitárselo de encima como sea.
La ley establece que si fuese admitida a trámite una querella contra un juez instructor, lo siguiente que puede hacer el querellante es pedir su recusación y, en consecuencia, obligarle a dejar el asunto en favor de otro magistrado.
Los citados medios consultados, a juzgar por el contenido de la querella, ven muy improbable que el Superior de Madrid, por muy politizado que esté este asunto, entre al juego de Begoña Gómez y le abra la puerta para deshacerse del juez Peinado.
De todas formas, el próximo día 30 de septiembre está previsto que el tribunal tome una decisión al respecto, aunque “todo indica que a Begoña Gómez le queda juez Peinado para rato”, ironizan medios consultados por este periódico.