La declaración de Manuel Morocho, inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y principal investigador del caso Gürtel, ha vuelto a situar en el centro del debate judicial uno de los episodios más controvertidos de la reciente historia política española. Durante su testimonio en la Audiencia Nacional, Morocho aseguró que detectó la existencia de una operación policial realizada sin autorización judicial contra el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.
Estas palabras se enmarcan en el juicio de la conocida como Operación Kitchen, un presunto dispositivo parapolicial que, según las investigaciones, habría tenido como objetivo obtener información sensible del entorno de Bárcenas en un momento clave para las pesquisas sobre la supuesta contabilidad irregular del partido.
Según explicó Morocho ante el tribunal, fue en agosto de 2013 cuando recibió un correo electrónico procedente de la propia UDEF en el que se le trasladaba una serie de datos vinculados a Bárcenas. Al analizar el contenido, el inspector encontró referencias a teléfonos, vehículos, personas relacionadas y sociedades vinculadas al extesorero.
Para el investigador, aquello supuso una confirmación de sus sospechas: la existencia de una actuación policial paralela a la investigación oficial. Lo que más le llamó la atención fue que esa información no había sido solicitada por su equipo y, además, resultaba irrelevante para el caso Gürtel, lo que aumentó sus dudas sobre su origen y finalidad.
Morocho también destacó que la información procedía de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), un órgano de coordinación dentro de la Policía Nacional que, según explicó, no tiene funciones directas de investigación. Este detalle refuerza la idea de que se trataba de una actuación fuera de los cauces habituales.
El testimonio del inspector no solo aporta nuevos elementos al juicio, sino que también plantea interrogantes sobre los límites legales y éticos de las actuaciones policiales. La ausencia de autorización judicial en una operación de estas características es un aspecto especialmente sensible, ya que afecta directamente a las garantías del Estado de derecho.
Morocho insistió en que su equipo nunca solicitó apoyo de la DAO para investigar a Bárcenas ni a su entorno. Además, negó haber propuesto actuaciones como seguimientos o intervenciones telefónicas sobre familiares del extesorero, a pesar de que, según indicó, recibió presiones para hacerlo.
Este contraste entre las decisiones del equipo investigador y las acciones que se habrían llevado a cabo desde otros niveles dentro del cuerpo policial añade complejidad al caso. La investigación judicial deberá determinar si existió realmente una estructura paralela y, en su caso, quiénes fueron los responsables.