El Gobierno se propone acabar con los pisos turísticos ilegales que impiden a las familias acceder a una vivienda

La ministra de Vivienda defiende la necesidad de una regulación adecuada: «Esto no es una cosa colaborativa, esto es un negocio»

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, no se ha andado con rodeos al señalar uno de los grandes problemas del acceso a la vivienda en Madrid: los pisos turísticos ilegales. Según ha denunciado, hay 15.000 en la capital que, en sus palabras, «están colisionando con 15.000 familias que precisan una vivienda y que no pueden tenerla en sus barrios».

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Rodríguez ha destacado que esos 15.000 pisos turísticos ilegales que hay en la capital superan incluso la cantidad de viviendas que ella podrá construir en el nuevo barrio de Campamento. «Estamos esperando como agua de mayo esas nuevas viviendas, ese nuevo barrio», ha señalado.

La ministra también ha defendido la necesidad de una regulación adecuada para los pisos turísticos legales, subrayando que «sin duda requieren de regulación». En este sentido, ha recordado que la filosofía original de estas plataformas ya ha quedado desvirtuada: «Esto no es una cosa colaborativa, como surgió al comienzo estas fórmulas, no, no. Esto son negocios, y por eso hemos registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para que puedan también tributar como actividades económicas que son (…) y, por tanto, también esto requiere regulación, como la requieren los hoteles», ha puntualizado.

Nuevo acuerdo estatal

En relación con la propuesta del Ejecutivo para triplicar la inversión pública en vivienda en los próximos años, Rodríguez ha lamentado que por el momento solo cinco comunidades autónomas —País Vasco, Navarra, Cataluña, Canarias y Asturias— hayan dado su visto bueno.

El plan del Gobierno contempla un nuevo acuerdo estatal de vivienda, con el objetivo de elevar la inversión pública de los 2.300 millones de euros del periodo 2022-2025 a unos 7.000 millones en los próximos cinco años. El Estado asumiría el 60% de la financiación, unos 4.000 millones, mientras que las comunidades autónomas aportarían el resto.

Ante la falta de respuesta por parte del Partido Popular, Rodríguez ha lanzado una crítica directa: «¿Cómo el Partido Popular, que gobierna la mayor parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos, ante una oferta de triplicar la inversión en vivienda, dice que no sabe, no contesta? Este es el problema real del Partido Popular», ha afirmado.

Por último, la ministra ha defendido que su propuesta busca generar consensos que resulten difícilmente rechazables: «Lo que he puesto sobre la mesa como ministra de Vivienda es la posibilidad de alcanzar unos acuerdos que tienen poca posibilidad de ser rechazados, porque son buenos para esas comunidades autónomas», ha concluido.