El Gobierno aprueba el plan que acabará con las centrales nucleares en España

La propuesta ha sido sometida a una evaluación ambiental estratégica, consultas públicas e informes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al VII Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esta decisión implica la eliminación definitiva del proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC), marcando un cambio significativo en la gestión de los residuos nucleares en España.

El plan establece un nuevo calendario para el cierre de centrales nucleares entre los años 2027 y 2035. Además, contempla un coste total de 20.200 millones de euros, los cuales serán sufragados por los titulares de las instalaciones nucleares, en concordancia con el principio de ‘quien contamina, paga’.

Una de las decisiones más destacadas es la anulación de la designación de Villar de Cañas (Cuenca) como sede del ATC. En lugar de este almacenamiento centralizado, el plan propone la implementación de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las centrales nucleares. Estos almacenes se encargarán de resguardar el combustible gastado y los residuos de alta actividad hasta su traslado al almacenamiento definitivo.

El PGRR también contempla la puesta en marcha de un Almacén Geológico Profundo (AGP) para el almacenamiento definitivo del combustible gastado y los residuos de alta actividad. Este enfoque técnico ya estaba previsto en el sexto plan de residuos y se alinea con las prácticas adoptadas en países europeos como Finlandia, Suecia, Suiza y Francia.

En relación con el cierre de las centrales nucleares, el plan prevé el inicio del desmantelamiento tres años después de su cese de operación definitivo, a excepción de Vandellós I, cuya última fase de desmantelamiento se llevará a cabo a partir de 2030.

El Ministerio asegura que el séptimo plan está en consonancia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) y con el Protocolo de cese ordenado de explotación de las centrales nucleares. Asimismo, se destaca que el coste futuro de 20.200 millones será gestionado a través del Fondo para la financiación de las actividades del PGRR, administrado por Enresa y financiado por las aportaciones económicas de los titulares de las instalaciones nucleares.

Este séptimo plan, cuya tramitación se inició en 2020, ha sido sometido a una evaluación ambiental estratégica, consultas públicas e informes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de las comunidades autónomas. Reemplaza al plan aprobado en 2006, que debió actualizarse en 2015, y será presentado ante las Cortes y la Comisión Europea por el Gobierno.