Miguel Ángel Rodríguez cometió un error al revelar un correo reservado y manipular su sentido, por un lado, pero la intervención equivocada de la Fiscalía General del Estado, al comentar el caso, ha politizado el caso de un “simple facturero”, como se llama la actividad de Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso con la venta de mascarillas
El paisaje después de la escaramuza mediático-fiscal como prólogo a la acción de la magistrada María Iglesias Sánchez, titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, que admitió el pasado viernes 22 una denuncia de la fiscalía de Madrid contra Alberto González Amador por dos presuntos delitos fiscales (350.091 euros) y uno de falsedad, en un contrato de venta de mascarillas, provocó unas nubes que han ensombrecido, momentáneamente, delitos fiscales de manual y han provocado una nueva autovictimización de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Esas nubes se desvanecerán al haberse iniciado por la juez Iglesias las diligencias previas sobre el presunto fraude, ya que ha citado a declarar al propio imputado, Alberto González Amador, a otros cuatro imputados que dieron el nombre de sus empresas fantasma para falsificar facturas y las inspectoras de Hacienda que detectaron la trama de mentiras y falsedades.
Tras conocerse la información de los presuntos delitos fiscales de González Amador – tras la venta de las mascarillas que le reportó como “facturero” o “comisionista 2 millones de euros- a través de una noticia exclusiva de eldiario.es, la presidenta Ayuso atribuyó a Pedro Sánchez, el miércoles pasado, en la rueda de prensa posterior a la reunión de su equipo de gobierno, una “persecución política escandalosa donde todo huele a turbio”, al ser preguntada por el presunto fraude fiscal de su pareja. “Está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora pretenden que sea el 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe”, añadió, haciendo exhibición de su conocimiento de la situación.
Y fruto de un estado de nerviosismo visible, remató, al hablar de la vivienda en la que vive con González Amador: “No es un piso de un millón, no es mío. Está hipotecado, está registrado mediante notario, está legal. No está comprado, como hacen tantos políticos socialistas con billetes en rulos”. Tengo el derecho a dormir en la cama que considero”.
La presidenta, pues, oficializó la presunta infracción fiscal –“una inspección fiscal salvaje”- sin alejarse del tema, es decir, optó defender a su pareja (podía limitarse a afirmar que no era un asunto suyo y que incluso estaba bajo investigación) pero prefirió revelar detalles de la disputa.
Esa noche, Miguel Ángel Rodríguez, director de gabinete de la presidenta, en la misma longitud de onda que la presidenta, es decir, plantar cara al tema del presunto fraude de González Amador, aportó a varios medios de comunicación un correo reservado en el que se leía que el fiscal a cargo del asunto en la Fiscalía de Madrid, Julián Salto Torres, aclaraba a Carlos Neira abogado de González Amador -a todas luces era una respuesta del fiscal a un correo anterior del abogado- que no veía obstáculos para formalizar un acuerdo de conformidad.
Rodríguez añadía a sus interlocutores -por escrito- que esta oferta de pacto había sido retirada por orden de “arriba” con la idea de dañar a Ayuso.
Varios medios, a los que la presidenta ha definido más tarde, el pasado sábado, como “veraces” y de “calidad”, reprodujeron esa noticia que les envió Rodríguez.
El error estratégico de Rodríguez era doble: primero, hacia público un documento reservado del abogado Neira en su relación con el fiscal y segundo, le daba vuelta a la tortilla al “vender” que existía una oferta del fiscal para llegar a un acuerdo, algo que por orden de “arriba” había sido rectificado.
Ese miércoles por la noche algunos medios, de verdad veraces y de calidad, llamaron a la Fiscalía de Madrid, a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Lógico: también habían recibido noticia del correo filtrado por Rodríguez y querían conocer si era cierto que el fiscal del caso, Julián Salto Torres, había tenido la iniciativa de ofrecer el pacto.
La fiscal superior del TJM, Almudena Lastra, se disponía a publicar al día siguiente una nota sobre la situación a raíz del correo en la que se limitaba a desmentir la noticia difundida por Rodríguez a través de los medios afines en a cual la propuesta de pacto procedía del fiscal.
El artículo 4.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal señala, precisamente, su deber de “informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto del sumario y, en general, a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados”. La fiscal superior Lastra, pues, ante una información que tergiversaba un correo reservado, desmentiría la noticia e indicaría que era lo ocurrido era exactamente lo contrario.
Pero las llamadas a la FGE por la filtración del correo auspiciada por Rodríguez llevaron al fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a decidir una intervención más amplia en el asunto. Y anunció a algunos de sus interlocutores de que se estaba pensando en publicar un comunicado.
A altas horas de la noche del mismo miércoles, casi sobre la medianoche, se filtraba por la Cadena Ser otro correo, con el que se completaba la relación causa-efecto del correo filtrado por Rodríguez horas antes.
Había sido, Carlos Neira, el abogado de González Amador el que había ofrecido el pacto: “Ciertamente -decía en su oferta- se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”.
García Ortiz ordenó la mañana del jueves que, pese a que con el segundo correo filtrado se aclaraba de quién era la paternidad del pacto, elaborar una nota explicativa. Esta no debía limitarse a desmentir lo que había difundido Rodríguez, sino poner negro sobre blanco la secuencia de los contactos.
La fiscal superior de Madrid, Lastra a la que se le ordenó expresó su desacuerdo, máxime cuando en la noche del miércoles, según se ha apuntado, se conocía el segundo correo, y sostuvo que era suficiente con una nota de desmentida sin entrar en pormenores que eran materia reservada.
El fiscal general del Estado, tras recibir el oficio que le cursó Lastra negándose a ocuparse de publicar del comunicado elaborado en la FGE, decidió proceder a su publicación.
Con todo, en lugar de ordenar a la dirección de comunicación de la FGE que difundiera la nota, García Ortiz la transmitió a la dirección de comunicación de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien la difundió.
La Fiscalía General del Estado se sirvió, pues, de la ruptura de la reserva que supuso la difusión del correo recibido por el abogado Neira con fines manipuladores que hiciera Rodríguez como una coartada para lanzarse al ruedo desde el terreno aledaño de la Fiscalía del TSJM.
“El fiscal general del Estado no puede bajar a la boca del metro a hacer un campeonato de filtraciones con los fontaneros de una lideresa populista. Estás a la cabeza de una institución del Estado, no dirigiendo una onegé que echa puré de verduras sobre los cuadros que cuelgan en los museos”, señala un fiscal consultado muy crítico con la conducta de Álvaro García.
Pero Miguel Ángel Rodríguez no es un fontanero cualquiera.
Y, estrictamente, aunque sus amenazas a los medios han aflorado rasgos de su carácter autoritario, que se vio sometido a una dura prueba en el caso del novio de Díaz Ayuso, algunos hechos de su historia en el PP merecen cierto detenimiento en cuanto a su moralidad política.
En la contabilidad manuscrita del PP que llevaba Luis Bárcenas, visada por su superior, el tesorero Álvaro Lapuerta, aparece el 23 de octubre de 1997 un pago de 1.500.000 pesetas a Miguel Ángel Rodríguez. Esto fue conocido en su día.
Pero junto en el manuscrito faltaba el periodo 1993-1996. Esta parte mecanizada 1993-1996 fue desencriptada del pendrive de Luis Bárcenas y fue aportada al juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a cargo del juez Pablo Ruz.
La versión completa fue volcada por el inspector titular número 82.701 y el policía con carné profesional 106.594 de la Comisaría General de Policía Científica, Unidad Central Criminalística, sección Informática Forense. Pero al dar traslado a las partes, se omitió la columna de Observaciones.
Entre las observaciones de interés figura en 1993 un pago de 1 millón de pesetas “por indicación de J.M.” [Presuntamente José María Aznar], a Pedro Arriola, el extinto gurú electoral del PP.
Pero a lo que vamos. En el mes de noviembre de 1993, con el número 50, se puede ver una entrega de 300.000 pesetas “a Sánchez”. Se trata del periodista de ABC, José Antonio Sánchez, más tarde presidente de RTVE y actualmente de Telemadrid. Se observa: “Indicación de M.A. Rodríguez”, entonces director de comunicación del PP.
En 1994, con el número 53 hay una nueva entrega, en diciembre, esta vez de 400.000 pesetas a “J.A.Sánchez. Se observa: “Petición de Miguel A. Rguez”. Y en 1995, se registra una nueva entrega con el número 36, en julio, a “José A. Sánchez” de 350.000 pesetas y se observa junto a su nombre “M.A.Rod”. Es decir: Miguel Ángel Rodríguez.
Sánchez admitió ser el beneficiario.
Rodríguez ha explicado el pago a su nombre de 1,5 millones de pesetas, el único conocido por el que se le ha preguntado, como posiblemente “un finiquito” o “será la cosa burocrática de lo que haya sido”.
En una intervención en Antena 3 explicó que los pagos anotados por Bárcenas podían ser una “gratificación, por alguna campaña, nunca sobresueldos, “Todo comportamiento que he visto de Bárcenas me ha parecido reprochable, pero es que por encima de él sólo había hombres honrados, como Álvarez Cascos”, explicó.
El caso es que Lapuerta visaba los pagos de Bárcenas, según aparece su letra en la contabilidad B.
Quizá esta conducta sirva para entender de quién hablamos cuando hablamos de Miguel Ángel Rodríguez.