El Congreso aprueba regularizar a más de 500.000 personas extranjeras en territorio español

Feijóo se ha comprometido a “ser sensibles” con los migrantes que viven y trabajan en España en situación irregular

El Congreso de los Diputados acuerda tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regular de manera extraordinaria a más de 500.000 personas extranjeras en España, con 310 votos a favor y los 33 en contra de Vox. Esta aprobación implica iniciar el trámite parlamentario del texto, que podría ser modificado a través de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.

En el debate previo para la toma en consideración de la ILP en el Pleno, Sofía Acedo, del Grupo Parlamentario Popular, ha avanzado que pondrán al Gobierno “frente al espejo” y que, por ello, darán salida a esta toma en consideración, “para que se aborde con responsabilidad”. En este punto, ha indicado que Cáritas y otras entidades “que cuidan y trabajan con los inmigrantes” han pedido a la formación que aborde esta cuestión.

La socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la ILP por el “respeto” que merece este procedimiento constitucional de participación directa de los ciudadanos en la política legislativa y porque creen necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de migración”.

Declaraciones de Vox para justificar su voto en contra

Por su parte, la diputada de Vox Rocío De Meer, ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal está en contra de la ILP. “Queremos que España siga siendo España y no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común”, ha asegurado para añadir que la ILP es “efecto llamada”.

Palabras directas de Feijóo ante la ILP

Alberto Núñez Feijóo ha apostado por una emigración ordenada pero se ha comprometido a “ser sensibles” con los migrantes que viven y trabajan en España en situación irregular, sin desvelar si su partido apoyará este martes en el Congreso el debate de la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por colectivos antirracistas para la regulación extraordinaria de más de 500.000 personas extranjeras.

“Hay un debate que tenemos que dar y debemos zanjar con los inmigrantes que viven y trabajan en España, pero que no han obtenido de momento beneficios, papeles”, ha admitido Feijóo en una entrevista en la que ha garantizado que estos migrantes en situación irregular “pueden estar tranquilos que el PP es sensible con ellos y buscará soluciones para una inclusión social correcta y legal”.

El dirigente popular ha reiterado la posición del PP defender “una inmigración regulada”. “Somos partidarios de que se venga a España de forma regular y que los inmigrantes se incorporen a la sociedad española con lo mismo que se incorporaron millones de españoles cuando tuvieron que salir en los años 50-60 de España”, ha argumentado.

Ha advertido, no obstante, que “España en este momento es el mayor coladero de mafias” y ha advertido de la dificultad de “alcanzar el justo término desde el punto de vista de los derechos de las personas”. “Tenemos que ser lo suficientemente sensibles para proteger esos derechos humanos de las personas, pero a la vez tener la cabeza fría para que, obteniendo lo primero, no estemos incentivando lo segundo, que es esas mafias que traen a inmigrantes a las costas españolas y nos estamos convirtiendo en el coladero de toda la Unión Europea”, ha concluido.

Peticiones de los diferentes partidos para la tramitación de la ley

Gala Pin, de Sumar, ha pedido la regularización de las personas extranjeras “por justicia social, porque ninguna persona es ilegal”. Además, ha subrayado que, si la ILP se aprueba, “es un mandato” y “el Gobierno tiene que llevarlo a cabo”. “Por eso, esperamos que mañana a más tardar se cree un grupo con los diferentes ministerios implicados y que tienen competencias, para poder llevar a cabo esta iniciativa y el cumplimiento de este mandato”, ha añadido.

Por el Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego ha recalcado la “inmensa carga de humanidad y de decencia” de la iniciativa. En este sentido, ha expuesto que “frente al discurso xenófobo, racista y parafascista de la ultraderecha”, a su juicio, “tiene que imponerse la justicia, la decencia y la humanidad”.

Asimismo, Javier Sánchez, por Unidas Podemos, ha señalado que la votación de esta iniciativa “va de democracia” y ha pedido a los diputados del PP, que “si no son lo suficientemente humanos para que esto les afecte, sean interesados”. Mientras, a los socialistas les ha indicado que, si se oponen, “no se extrañen de que crezca la desafección política en el bloque democrático”.

Igualmente, por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Mikel Legarda ha avanzado el apoyo de su formación a la iniciativa. En todo caso, ha apuntado que consideran que debe “reorientarse” a una regularización extraordinaria “caso a caso” por motivos humanitaios, como regrupaciones familiares o vinculada a razones económicas y demográficas en combinación con los derechos de los inmigrantes.

Por EH Bildu, Jon Iñarritu ha indicado que es un día de “alegría contenida” porque “existe el riesgo de que esta iniciativa sea hoy aprobada, pero quede en un congelador durante toda la legislatura”. Por ello, ha animado a las formaciones a que la apoyen y que se impulse “rápido” en las comisiones para que sea aprobada “cuanto antes”, y que “se den papeles para todos y para todas”.

Por su parte, Josep Maria Cervera Pinart ha avanzado que Junts per Catalunya va a votar a favor de la toma en consideración de la ILP por “respeto” a las entidades promotoras y por las personas firmantes. “Y lo haremos porque hablamos de personas y hablamos de derechos humanos. Lo haremos porque hay que buscar vías de solución de la situación actual”, ha añadido. Además, ha agregado que lo harán porque en los próximos pasos de su tramitación podrán hacer las aportaciones “oportunas”. “Y también lo haremos porque nunca nos hemos cansado de reclamar que en los parlamentos hay que poder hablar de todo, también en el de Cataluña”, ha precisado.

Asimismo, Jordi Salvador, de ERC, ha pedido que se tome “seriamente” esta ILP, porque se está “jugando” con la vida de más de 600.000 personas. “Una regulación de los inmigrantes en situación irregular es una cuestión de justicia, humanidad y también de pragmatismo”, ha señalado.

800 ONG involucradas y más de 700.000 firmas

En concreto, hasta 800 ONG se unieron en el proyecto de la Plataforma Esenciales, formada por #Regularización Ya, Fundación Ciudadanía Global, proCausa, Redes, Alianza por la Solidaridad-actionaid y Partido Por un Mundo Mäs Justo, para reclamar una regularización extraordinaria de aquellos extranjeros en situación administrativa irregular que estuvieran residiendo en España antes del 1 de noviembre de 2021. Para ello, han contado con más de 700.000 firmas que respaldan la iniciativa.

La iniciativa contaba desde el inicio con el apoyo de Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG, mientras que PP y Vox, se manifestaron en contra y el PSOE insistía durante los debates parlamentarios en que la legislación europea no permite este tipo de procesos. La ILP se registró en la pasada legislatura en el Congreso y como estas iniciativas no decaen aunque se disuelvan las cámaras se ha retomado su tramitación.

Regularizaciones extraordinarias anteriores

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de migrantes, según ha recordado Legalteam en declaraciones a Europa Press.

Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321. En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352.

En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y otorgó papeles a 239.174 inmigrantes de los más de 350.000 que lo solicitaron.

El último proceso de regularización extraordinaria lo llevó a cabo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, en 2005, y en él obtuvieron la documentación más de medio millón de migrantes.